Con el objetivo de avanzar en el ordenamiento de las cuentas públicas, el Gobierno nacional resolvió extender el plazo para que provincias y la Ciudad de Buenos Aires adhieran al Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas, creado en octubre de 2024, para saldar deudas cruzadas entre las partes.

La medida se formalizó a través del decreto 171/2026, que establece que las jurisdicciones interesadas «podrán manifestar ante la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía, a través de la máxima autoridad de la jurisdicción, su voluntad de participar del Régimen, en el plazo de 60 días hábiles administrativos, contados a partir de la entrada en vigencia del presente decreto, el que podrá ser ampliado -por única vez- por la Autoridad de Aplicación».

Además de ampliar el plazo, el Ejecutivo introdujo cambios en el procedimiento. Entre ellos, fijó el 31 de diciembre de 2027 como fecha límite para que las provincias presenten la documentación respaldatoria de las deudas que deseen incluir en el esquema de compensación.

Hasta el momento, ocho mandatarios provinciales ya adhirieron al esquema: Gustavo Sáenz (Salta), Raúl Jalil (Catamarca), Ignacio Torres (Chubut), Hugo Passalacqua (Misiones), Sergio Ziliotto (La Pampa), Claudio Vidal (Santa Cruz), Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Gustavo Valdés (Corrientes).

El nuevo marco también prevé que organismos de la administración central elaboren informes técnicos para evaluar la validez y conveniencia de incorporar las obligaciones, mientras que cada jurisdicción deberá validar sus acreencias. En caso de diferencias, se abrirá una instancia de negociación bajo criterios de «buena fe y lealtad federal», con plazos definidos y posibilidad de prórroga.

Asimismo, el decreto contempla situaciones en las que existan litigios judiciales o arbitrales, para lo cual se requerirá la intervención de la Procuración del Tesoro y la Sindicatura General de la Nación, en línea con la normativa actual.

Cuando se lanzó el régimen, el entonces vicejefe de Gabinete del Interior, Lisandro Catalán, había destacado que la adhesión sería voluntaria y que el Estado podría cancelar deudas mediante la cesión de activos como tierras, empresas o rutas.

En ese sentido, Catalán sostuvo: «En las últimas décadas, el centralismo creciente por parte de la Nación ha llevado a que las relaciones financieras y económicas entre el Ejecutivo y las provincias no sean tan ordenadas. El objetivo nuestro, y como lo viene planteando el presidente desde hace mucho tiempo, es caminar junto con los gobernadores hacia un verdadero federalismo».

El funcionario también había señalado que la iniciativa busca «extinguir, total o parcialmente, las obligaciones recíprocas entre las jurisdicciones parte para facilitar el proceso de saneamiento de las cuentas públicas”, y remarcó la necesidad de “ser creativos en las herramientas que podemos utilizar”.