El Gobierno reanuda las gestiones para aprobar los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla como miembros de la Corte Suprema, en un contexto de tensiones con el kirchnerismo, que exige la ampliación del tribunal. Mientras La Libertad Avanza busca garantizar votos, el oficialismo enfrenta el desafío de asegurar el respaldo de senadores peronistas, todo en medio de la presión de que, de no aprobarse antes de fin de año, la Corte funcionará con solo tres jueces.
Tras dos semanas de estancamiento, cuando parecía que el Gobierno había abandonado el tema, los pliegos del juez federal Ariel Lijo y del académico Manuel García-Mansilla para integrar la Corte Suprema han vuelto a ser tema de discusión en el Senado. Tanto la Casa Rosada como el bloque oficialista en la Cámara Alta retomaron negociaciones y conversaciones con diversos senadores y sectores políticos. En las últimas horas, fuentes cercanas a Javier Milei han afirmado que están a solo dos votos de conseguir el dictamen para Lijo, mientras que la candidatura de García-Mansilla parece estar más lejos de lograr el apoyo necesario en la Comisión de Acuerdos.
De acuerdo con fuentes del Poder Ejecutivo y del oficialismo en el Congreso, el pliego de Lijo ya habría conseguido siete de las nueve firmas necesarias para obtener el dictamen de comisión, un requisito previo para que su candidatura avance al recinto, donde necesitará el respaldo de dos tercios de los senadores. En el caso de García-Mansilla, la situación es más difícil: hasta el momento solo ha logrado reunir cuatro apoyos, quedando a cinco firmas de obtener el dictamen.
En el Gobierno reiteran que “son los dos o ninguno”, lo que significa que el pliego de Ariel Lijo no avanzará sin el de Manuel García-Mansilla. Por lo tanto, el oficialismo enfrenta un desafío considerable para lograr la aprobación de ambos candidatos.
“Avanzamos… esta semana o la próxima habrá novedades”, comentó una fuente gubernamental. Las negociaciones políticas para conseguir los dictámenes y luego obtener los dos tercios necesarios en el Senado están siendo lideradas por el viceministro de Justicia, Sebastián Amerio. Él trabaja en conjunto con Ezequiel Atauche, presidente del bloque de La Libertad Avanza en el Senado y vocal en la Comisión de Acuerdos. El Poder Ejecutivo busca evitar la participación de la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien ya ha manifestado su desacuerdo con la candidatura de Lijo, y prefiere gestionar el tema a través de otro contacto en la Cámara Alta.
Según información obtenida, entre los senadores que respaldarían el pliego de Lijo se encuentran, según fuentes del oficialismo, los integrantes del nuevo interbloque “Las Provincias Unidas”, compuesto por diferentes bloques provinciales y liderado por Carlos “Camau” Espínola, un peronista de Corrientes que mantiene una buena relación con la Casa Rosada, particularmente con Santiago Caputo, jefe político de Amerio. En la Comisión de Acuerdos, además de Espínola, participa también Juan Carlos Romero, senador de Salta por el partido Cambio Federal.
Además, dentro de La Libertad Avanza confían en contar con el apoyo de la tucumana Beatriz Ávila (Por la Justicia Social) y del misionero Carlos Arce (Frente Renovador de la Concordia Social).
Para alcanzar las nueve firmas necesarias para el dictamen, el oficialismo deberá asegurar el respaldo de algunos senadores peronistas. Sin embargo, la gran esperanza de la Casa Rosada recae en Maximiliano Abad, senador de la UCR. Hasta el momento, Abad ha expresado que se mantendrá alineado con la postura de su partido, que aboga por garantizar la representación femenina en la Corte Suprema.
Aunque el pliego de Lijo ha avanzado significativamente, el de García-Mansilla, decano de Derecho en la Universidad Austral y el candidato de Milei más cercano a su ideología, no ha tenido la misma suerte. “García-Mansilla también debe avanzar, pero le faltan más firmas”, admitió un funcionario familiarizado con las negociaciones.
En las últimas horas, el panorama en el Gobierno ha cambiado significativamente. Hace dos semanas, las gestiones estaban completamente paralizadas. Si los pliegos enviados por el Presidente no son votados antes de fin de año, la Corte Suprema deberá operar desde enero con solo tres jueces, lo que supondría un gran reto para un tribunal que ya se encuentra dividido. Sin la unanimidad necesaria, el tribunal tendría que recurrir a conjueces para emitir fallos.
Los dictámenes de comisión representan solo el primer paso en el extenso proceso que afrontan las candidaturas de Lijo y García-Mansilla. Dentro del oficialismo, reconocen que Cristina Kirchner es una figura clave en cualquier negociación para la integración del tribunal. Ella tiene un control significativo sobre los bloques del Frente Nacional y Popular, así como Unidad Ciudadana, cuyos votos son indispensables para lograr los dos tercios que se requieren en el Senado.
La expresidenta mantiene el objetivo de impulsar una ley que amplíe la Corte Suprema, lo que garantizaría más vacantes. Se ha especulado con un tribunal de nueve miembros, similar al modelo estadounidense, en cuyas nuevas sillas Cristina Kirchner podría proponer mujeres cercanas a su espacio político.
«Lo que quiere Cristina es la ampliación de la Corte. Nosotros no vamos a ceder. Estamos dispuestos a discutir la ampliación si ellos primero nos aprueban los pliegos», es la postura que se repite insistentemente en la Casa Rosada.
Por su parte, los senadores kirchneristas no están dispuestos a negociar sin un acuerdo claro desde la cúpula y una directiva explícita de su líder, Cristina Kirchner.
Según se ha podido reconstruir, desde el sector libertario están dispuestos a ofrecer garantías al Instituto Patria con una estrategia paso a paso. La propuesta es que primero se logre media sanción en Diputados para la ampliación de la Corte y, una vez que ese expediente sea enviado al Senado, los votos a favor de Lijo y García-Mansilla aparecerían. De esta manera, ambas partes conseguirían lo que buscan: la ampliación de la Corte y el avance de los pliegos.
