Con la cuenta regresiva en marcha, el oficialismo encara su última semana de conversaciones informales con sectores de la oposición antes de que arranquen las sesiones extraordinarias, donde pretende llevar al recinto la reforma laboral. El proyecto ya sumó respaldos, pero también abrió flancos de cuestionamiento político y sindical.

La propuesta fue elaborada en el ámbito del Consejo de Mayo y había sido presentada el año pasado con la intención de tratarla en diciembre. Sin embargo, la combinación entre la presión de la CGT y la estrategia parlamentaria de La Libertad Avanza terminó postergando su discusión.

En aquel momento, la central obrera había anunciado un paro con movilización para el día previsto del debate. Frente a ese escenario, la jefa del bloque oficialista en el Senado, Patricia Bullrich, resolvió suspender el tratamiento de la iniciativa.

La ex ministra de Seguridad priorizó entonces la aprobación del Presupuesto 2026 y la ley de Inocencia fiscal. No obstante, antes de dejar en pausa la reforma laboral, logró que el texto obtuviera dictamen, con el objetivo de acortar los tiempos legislativos cuando vuelva a discutirse en febrero.

De cara a ese mes, Bullrich busca reunir los votos necesarios en la Cámara alta para avanzar con la sanción de la norma en una sesión que planea convocar durante la segunda semana.

Durante el receso parlamentario, la dirigente libertaria impulsó la conformación de una comisión técnica, encabezada por la abogada Josefina Tajes, que en los últimos días mantuvo encuentros con representantes de distintos sectores para recoger observaciones y propuestas.

Según indicaron fuentes del Congreso, Bullrich recibió cerca de dos mil solicitudes de audiencia de referentes políticos y sociales interesados en el contenido de la reforma.

En paralelo, el ministro del Interior, Diego Santilli, retomó sus recorridas por las provincias y mantuvo reuniones con gobernadores, lo que derivó en muestras públicas de respaldo por parte de algunos mandatarios, aunque también en cuestionamientos de otros.

Un ejemplo de esas críticas se vio con los gobernadores de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, y de Córdoba, Martín Llaryora, quienes se mostraron juntos en la previa de la primera noche del Festival de Cosquín y expresaron reparos hacia la Casa Rosada.

“Nosotros creemos en el trabajo, creemos en la producción y eso es lo que vamos a defender. Si desde el Gobierno nacional se mirara más a este interior que se esfuerza todos los días, a la Argentina le iría mejor”, sostuvo Pullaro.

Uno de los puntos que genera mayor preocupación entre las provincias es el artículo del proyecto que propone una reducción del impuesto a las Ganancias para las sociedades, una medida que impactaría de manera directa en los ingresos provinciales.

En concreto, para los tramos 2 y 3 de este tributo coparticipable, la iniciativa plantea bajar la alícuota del 30% al 27% y del 35% al 31,5%, respectivamente. Ante esto, los gobernadores reclaman revisar el esquema o establecer algún mecanismo de compensación.

También existen resistencias a otros cambios contemplados en la norma, como la aceleración de los plazos de devolución del IVA y la incorporación de beneficios impositivos destinados a fomentar la formalización laboral.

En este contexto, este lunes volverá a reunirse en la Casa Rosada la mesa política del Gobierno para evaluar el escenario y definir la estrategia legislativa que se desplegará durante las sesiones extraordinarias.

Además de Santilli y Bullrich, el espacio está integrado por la secretaria general, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; y el asesor presidencial, Santiago Caputo.

El encuentro se realizaría por la mañana, ya que por la tarde varios de sus integrantes viajarán a Mar del Plata para acompañar una recorrida de Javier Milei por el centro de la ciudad. La actividad tendrá un tono de agradecimiento por el apoyo electoral reciente, aunque también con la mirada puesta en la campaña hacia 2027.

A partir del lunes próximo comenzará formalmente en el Congreso el período de actividad convocado por el Presidente, lo que dará inicio a una etapa de negociaciones más intensas entre diputados y senadores.

Desde el sindicalismo, en tanto, la semana pasada mantuvieron un encuentro los secretarios de ATE, Rodolfo Aguiar, y de la UOM, Abel Furlán, quienes coincidieron en “no esperar hasta el día que se trate la iniciativa en el Congreso para realizar una medida de fuerza”.

“Estamos frente a un proyecto que directamente tiene por finalidad eliminar los sindicatos y construir un nuevo ordenamiento jurídico en el que no existan los derechos individuales y colectivos”, sostuvo el dirigente estatal.

La CGT ya manifestó su rechazo a distintos aspectos del proyecto, entre ellos el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), destinado al pago de indemnizaciones por despido; la eliminación de la obligatoriedad de que las empresas actúen como agentes de retención de aportes y las modificaciones en los convenios colectivos de trabajo.

“Hasta ahora estamos escuchando a todos y las cosas que sean razonables y que vayan hacia el objetivo de que realmente haya un mercado laboral que crezca, las vamos a tomar. Somos abiertos y flexibles. Lo que no queremos es que todo quede igual. Eso seguro que no”, afirmó Tajes en una entrevista.