Bajo el título de “ley de responsabilidad cívica en la vía pública”, el titular del bloque de diputados massistas, Darío Giustozzi, presentó este jueves un proyecto para regular los piquetes y cortes de calle. “Falta ordenar el tipo de manifestaciones espontáneas”, argumentó el legislador, quien recibió a la prensa en la sala del bloque del Frente Renovador para dar mayores precisiones sobre la iniciativa a su cargo.

“Cada vez que hay confrontación de derechos, hay oposición de intereses. Ahí nace el conflicto y se genera una atmósfera de tensión social”, expresó el ex intendente de Almirante Brown, quien recordó los orígenes de los piquetes como forma de manifestación y aseguró que su “extensión a través del tiempo” les hizo “perder legitimidad”. “Hoy cualquiera le hace un piquete a cualquiera”, cuestionó el diputado, que igualmente aclaró que el proyecto reconoce el “derecho a la petición social”, pero establece “lugares específicos” para las manifestaciones (así –explicó- “los medios pueden saber qué está pasando en ese lugar").

Según explicó Giustozzi, quien se muestra como uno de los nombres del massismo en la carrera por la Gobernación, en el proyecto se propone al ministerio del Interior y Transporte como la autoridad de aplicación de las sanciones, que consistirían en trabajos comunitarios o multas de entre uno y tres salarios mínimos, en caso de que las protestas se realicen en calles. Si fueran avenidas o autopistas las afectadas, se elevaría el monto a entre tres y cinco sueldos.

“Hay consenso mayoritario, pero nadie se anima a hacerlo”, declaró Giustozzi luego de ser consultado acerca del eventual apoyo del resto del arco político. Más tarde, en diálogo con LaNoticiaWeb, el ex jefe comunal ahondó en esa dirección: “Hay prejuicios ideológicos y probablemente cierta falta de creatividad”. “Nosotros hacemos un esfuerzo en ese sentido, aun a riesgo de que algunos nos puedan distorsionar”, explicó el legislador, quien recordó: “Las penas son multas o trabajos comunitarios. A partir de ahí, se aplica el Código Penal vigente”. Y concluyó: “No avanzamos sobre la penalización sino en la generación de condiciones para que la petición se realice sin avanzar sobre los derechos de otros”.