El Fondo Monetario Internacional puso el foco en la decisión del Gobierno de frenar la actualización del Índice de Precios al Consumidor. Durante las reuniones técnicas que mantuvo en Buenos Aires con el equipo económico, la misión del organismo pidió explicaciones por la marcha atrás con el nuevo índice del INDEC, a pocos días de la difusión del dato de inflación de enero.

Las consultas apuntaron a los motivos del cambio de rumbo y a los pasos que definió el Ministerio de Economía. El interrogante surgió en un contexto sensible, marcado por la salida de Marco Lavagna de la conducción del organismo estadístico y su reemplazo por Pedro Lines. Según fuentes con conocimiento del diálogo, los técnicos del Fondo preguntaron de forma directa por qué no se avanzó con la actualización prevista del indicador.

«Hicieron las preguntas habituales: por qué no se va a hacer el cambio del IPC», señaló una fuente al tanto de las conversaciones. En su informe de agosto, el staff del FMI había anticipado la publicación del índice actualizado «a fines de 2025», y había dejado abierta la discusión sobre el momento exacto de su difusión para esta revisión del acuerdo, que se demoró respecto del cronograma inicial.

Mientras la misión avanzó con su agenda en Buenos Aires, la directora gerente del Fondo, Kristalina Georgieva, destacó el «excelente intercambio» que mantuvo con el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, durante un encuentro en Arabia Saudita. No hubo menciones públicas al diálogo con el equipo económico local ni al debate por el IPC.

La visita del Fondo se enmarcó en la segunda revisión del programa, de cuya aprobación depende un desembolso de US$ 1.000 millones. Cerca de Luis Caputo esperaban que el organismo no cuestionara la decisión sobre el índice de precios. Sin embargo, los enviados del FMI insistieron con una alternativa: publicar en paralelo el IPC actual y el actualizado durante un período de transición. La propuesta no tuvo eco en el Palacio de Hacienda.

«La recomendación del Fondo es que se publiquen los dos índices juntos durante un año, que comience ahora y se discontinúe en 2027, pero el equipo económico no le dio ni cinco de bola, asique quedará como una discrepancia entre ellos, y el Fondo la hará notar en su informe cuando vuelva a Washington», afirmó otra fuente con llegada a los organismos internacionales. Desde el Ministerio de Economía evitaron responder sobre el tema.

Caputo buscó bajar el tono del conflicto. Aseguró que la salida de Lavagna se dio en términos «amigables» y negó presiones del FMI para modificar el índice. También estimó que la inflación de enero se ubicó en niveles similares a los de diciembre. «Va a estar cercano a lo que fue el mes anterior y por lo que me dijeron Marcos como (Pedro) Lines el nuevo índice da igual o menos», sostuvo en una entrevista televisiva.

Lines quedó al frente del INDEC tras la salida de Lavagna, aunque sin designación formal como director general. En reuniones internas con trabajadores y gremios, dejó definiciones sobre su rol y el debate metodológico. «Los recibo en calidad de director técnico, pero no fui designado como director general, si no hay ninguna restricción presupuestaria, vamos a avanzar con todo lo pendiente», afirmó sobre la situación salarial. Luego agregó: «Voy a guardar la independencia del poder político, la decisión del IPC depende directamente del ministro de Economía, voy a hablar con Caputo para que lo revea lo antes posible».

El trasfondo del conflicto se relaciona con la metodología vigente del índice. El IPC actual utiliza una canasta de consumo con dos décadas de antigüedad. Lavagna impulsó desde 2022 una actualización basada en encuestas más recientes, con acompañamiento técnico del Fondo. Distintos estudios académicos estimaron que, con las nuevas ponderaciones, la inflación pasada habría mostrado registros más altos.

En ese escenario, el reclamo del FMI por la suspensión del nuevo índice sumó un frente de tensión inesperado para el Gobierno, en momentos en que el organismo mantiene la mirada puesta en las reservas, el cumplimiento de metas y la credibilidad de las estadísticas oficiales.