Se realizó la última jornada del Juicio Oral y Público contra Ana Astobiza en el Tribunal Oral Número 6 de San Martín. Se imputa a la actual secretaria de Desarrollo Social como partícipe de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública en una causa del 2001, cuando se desempeñaba como Directora de Comedores.

Luego de las declaraciones de dos testigos de la defensa, el contador del Municipio Alberto Pfeifer y la empleada Ciaralli, el fiscal Ledesma pidió 2 años y 8 meses de prisión en suspenso, 10 años de inhabilitación especial para ejercer cargos públicos (el máximo estipulado por ley), fijar residencia durante 3 años y 360 horas de tareas comunitarias.

El juez Yutis dictará una resolución el próximo martes 4 de diciembre a las 11 horas en los Tribunales de la calle Tucumán. Deberá decidir entre el pedido del Fiscal o el alegato de la defensa, que fundamentó que no se comprobó la materialidad del hecho. La doctora García también desautorizó la teoría de las facturas apócrifas por ser una hipótesis inducida y solicitó la absolución argumentando que las declaraciones se basaban en probabilidades y no en certezas. Pidió el beneficio de la duda para la acusada Astobiza.

El momento álgido de la jornada se vivió durante el alegato del Fiscal Ledesma, que sostuvo la acusación de Administración Fraudulenta en perjuicio de la Administración Pública. Recordó las declaraciones del funcionario provincial Gerardo Cano, quien había dicho que los subsidios eran de comidas y dinero, y que a Bartoli sólo le había llegado comida. También se refirió al doble control que se ejercen sobre los fondos que administra el Municipio y a que el funcionario agregó que no era necesario ser una ONG para recibir el subsidio. Esta era una de las hipótesis de la defensa.

Por otro lado, Ledesma se refirió a lo dicho por el contador Pfeifer, que admitió que el Intendente y la contaduría están a cargo de los fondos. El Fiscal agregó que Astobiza favoreció a Barroso, de la biblioteca Libertador, y que la funcionaria conocía la falsedad de unos recibos apócrifos que se analizaron la jornada anterior. También se refirió a que la ex directora de comedores estaba al tanto de la triangulación para que los conocidos suyos de la biblioteca reciban esos fondos.

“Si llegaban cheques a nombre de Barroso y no a nombre de la ONG de la biblioteca, ¿por qué no podrían llegar cheques a nombre de Bartoli directamente?” cuestionó Ledesma.

El fiscal remató diciendo que se trataba de un “circulo de impunidad perfecto” y apuntó dónde más duele: dijo que Astobiza ocupaba un área para palear las necesidades de los el total era de unos 1.800 pesos, una cifra minúscula, pero que según la declaración de Cano servían para 900 raciones de comida. 2 pesos por chico. Una bicoca: con 2 pesos come un chico, y Astobiza está sospechada de administrarlos fraudulentamente.