Por EDUARDO J. VIOR 

Cuando la Asamblea Nacional francesa convalidó el jueves 16 la decisión del
gobierno de Élisabeth Borne de introducir por decreto la reforma del sistema de
pensiones, el presidente Emmanuel Macron se aprestó a encarar cambios más
profundos, pero se topó con un inesperado reavivamiento de la resistencia social.

Tras la decisión legislativa, día tras día el movimiento antigubernamental fue
aumentado su masividad, sumado a la juventud y abarcando otros temas
conflictivos. Con la reiterada quema de banderas de la Unión Europea los
manifestantes mostraron quién es su verdadero adversario: el autoritarismo de
Bruselas. Significativamente, la protesta reúne en las calles a manifestantes
sindicales, estudiantiles y de izquierda con partidarios de Marine Le Pen. Si la
convergencia entre el nacionalismo y la defensa del Estado social toma formas
políticas, puede forzar el cambio de régimen político interno y romper la Europa
otanista.

Constitución para aprobar la reforma de las pensiones y tras la entrevista televisada
de Emmanuel Macron el pasado miércoles 22, la movilización ha experimentado
un fuerte crecimiento y radicalización en toda Francia. Por la tarde del sábado 25,
por ejemplo, la manifestación contra el proyecto de megaembalse en la región de
Deux-Sèvres desembocó en violentos enfrentamientos. La fiscalía contabilizó 35
heridos, entre ellos 28 gendarmes; mientras que los organizadores contaron no
menos de 200 manifestantes heridos.

El artículo constitucional 49.3 aplicado por la primera minstra Élizabeth Borne para
introducir la reforma previsional por decreto prevé que una vez por período
legislativo el jefe de gabinete puede aprobar un proyecto de ley de finanzas o de
financiación de la seguridad social sin someterlo a votación de la Asamblea
Nacional. Si en las veinticuatro horas siguientes al decreto ninguna moción de
censura parlamentaria rechaza el proyecto, éste adquiere fuerza de ley.

Para eludir un debate legislativo de resultado incierto, la primera ministra Élisabeth
Borne adoptó esta medida constitucional, aunque autoritaria. Detrás de su
decisión, obviamente, estuvo el presidente, quien con esta medida de fuerza
pretendió no sólo derrotar a la movilización popular sino recuperar la iniciativa, para
introducir otras medidas de estabilización y ajuste.

En una entrevista dada este miércoles 21 Emmanuel Macron defendió la
“necesidad” de aplicar la medida de excepción argumentando que no hay otra
solución. El jefe del Estado consideró que “el proyecto de todas las oposiciones”
contra esta reforma “es el déficit”. Aprovechando la falta de repreguntas de los
periodistas oficialistas, el mandatario obvió referirse a las enormes transferencias a
Ucrania, a la evasión impositiva de los más ricos y a la política de concentración
bancaria de la Unión Europea. No obstante su escenificada energía, la intervención
presidencial fue tardía, insuficiente e irritativa.

Muchos analistas coinciden en que el sistema estatal de reparto que rige en
Francia desde 1945 es sólido y no necesita un cambio de régimen. Hay suficientes
aportantes y las reservas cubren los eventuales déficits. El motivo de la reforma
impulsada por el jefe de Estado no es, entonces, el déficit de la seguridad social, sino la necesidad de congraciarse con la gran Banca internacional, para ajustar el
déficit presupuestario y de balanza de pagos a los topes fijados por la Unión
Europea.

Alcanzar esta meta, empero, obligaría a recortar subsidios y prestaciones, así como
a reducir las partidas destinadas a la educación y la salud. Para poder encarar estos
recortes con menos resistencia, el presidente necesitaba afirmar su posición de
poder. Por ello acudió al 49.3. Sin embargo, la maniobra fue demasiado evidente
para toda la población.

Tanto fue así que el jueves 23 la Intersindical movilizó a cerca de 3,5 millones de
manifestantes en más de 300 ciudades, muchos más que la semana anterior, que
directamente pasaron a reclamar la destitución de Macron y el cambio de régimen
político. Las escuelas, las empresas, el transporte, las refinerías de petróleo y las
plantas de energía fueron especialmente paralizados por las protestas.

Por su parte, la presidenta del grupo Agrupación Nacional (RN, por su nombre en
francés) en la Asamblea Nacional, Marine Le Pen, declaró que “la fortísima
movilización en las manifestaciones, sobre todo en las ciudades medianas, es una
señal que confirma la oposición masiva de los franceses a la reforma de las
pensiones.” Entre tanto, en el lado sindical, la movilización renovada fue saludada
por el secretario general de la central CFDT, Laurent Berger. Como continuación de
su plan de lucha, los sindicatos han anunciado una nueva jornada de acción para el
martes 28.

Los opositores a la reforma de las pensiones han subrayado ampliamente el nuevo
aliento tomado por el movimiento de protesta. “La mayor movilización social desde
mayo de 1968 en todas las regiones”, tuiteó por la tarde del jueves el ex candidato
presidencial de La Francia Insumisa Jean-Luc Mélenchon.

Mientras las manifestaciones se extienden, se radicalizan, abarcan cada vez más
cuestiones y confluyen en el reclamo de renuncia del presidente y del gobierno, la
oposición sigue agotando las instancias legales. Ahora va a apelar al Consejo
Constitucional francés, máximo órgano constitucional, para bloquear parte o latotalidad de la ley. El Consejo tendría hasta un mes para estudiar cualquier
objeción a la legislación. Entre tanto, la ira popular contra las reformas no da
señales de terminar, con manifestantes reunidos en el centro de París y en toda la
geografía nacional enfrentándose a la policía.

El pueblo francés ha demostrado en las calles que entiende muy bien de qué se
trata: la reforma del sistema previsional no tiene nada que ver con su
financiamiento, sino con la necesidad presidencial de dar una señal positiva a los
mercados financieros mostrando su disposición a desmantelar enérgicamente el

Estado social edificado entre 1945 y 1970. La subordinación del Elíseo a las órdenes
de la burocracia otanista europea se ha hecho evidente y, consecuentemente,
cuando los manifestantes apuntan contra el presidente, no reclaman sólo el
cambio del régimen político en Francia, sino en toda Europa.

Lo novedoso de este proceso de luchas es, empero, la confluencia callejera entre
izquierdistas, sindicalistas, estudiantes y nacionalistas. Un nuevo movimiento
patriótico popular está en ciernes. Como en épocas anteriores de la historia, el
pueblo francés se prepara para enfrentar a la Europa oligárquica.