La investigación por la estafa vinculada a la criptomoneda $LIBRA avanzó en los tribunales de Estados Unidos con mayor velocidad que en la Argentina. La causa, que ya derivó en un congelamiento de fondos por 57,5 millones de dólares, volvió a involucrar al presidente Javier Milei a través de nuevas presentaciones judiciales. Aunque aún no figura como demandado, su rol fue destacado en términos críticos por los abogados de los damnificados, que ahora piden un juicio oral por jurados contra los responsables del esquema.

Los demandantes acusan a Hayden Mark Davis, el principal impulsor del token, de liderar una estructura coordinada para defraudar a inversores mediante el uso de herramientas promocionales, omisiones técnicas y una falsa imagen institucional. En el escrito presentado en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, los abogados señalaron que Davis “deliberadamente consiguió una manifestación de respaldo sumamente engañosa del presidente argentino Javier Milei, estratégicamente cronometrada para conferirle a $LIBRA una apariencia falsa de legitimidad y vínculo con el gobierno al momento del lanzamiento del token”.

Según los documentos, el interés de los inversores creció de forma abrupta a partir del posteo que Milei publicó el 14 de febrero, donde describió a $LIBRA como un instrumento de financiación para PyMEs. En los minutos posteriores a ese mensaje, el volumen de operaciones se disparó y el precio alcanzó su máximo histórico, antes de desplomarse en cuestión de minutos. El Presidente borró el tuit al día siguiente.

Davis, por su parte, señaló que la eliminación de esa publicación fue lo que provocó el colapso del token. Sin embargo, también admitió ante la Justicia que una de sus billeteras operó automáticamente pese a estar congelada, lo que podría significar una violación directa a la orden judicial vigente.

Las sospechas se profundizaron cuando se conocieron movimientos de dinero en coincidencia con las reuniones entre Davis y Milei en la Casa Rosada. El 30 de enero, justo cuando comenzó uno de esos encuentros, una billetera vinculada a Davis transfirió casi medio millón de dólares a la plataforma Kraken. Cuarenta minutos después, esa misma cuenta movió otros 3,4 millones a plataformas como Bitget y wallets asociadas a la firma Kelsier Ventures. Los especialistas que siguen la causa interpretaron estas maniobras como parte de una operatoria típica de “rugpull”, donde los desarrolladores retiran sus fondos tras generar una ola artificial de entusiasmo.

La ampliación de la demanda colectiva presentada en Nueva York menciona también a Karina Milei. Según el escrito, ella autorizó el primer ingreso de Davis a la Casa Rosada, y los registros muestran que esa visita se repitió en varias ocasiones. Los abogados incluso citaron declaraciones del empresario, quien aseguró ante inversores que “tenía control sobre Milei y podía negociar acuerdos”. En otra comunicación, Davis afirmó: “Le envié dinero a la hermana [de Milei] y él firma todo lo que yo digo y hace lo que yo quiero”.

El caso fue enmarcado bajo la Ley RICO, una figura legal que permite perseguir judicialmente redes de crimen organizado y fraudes empresariales. La jueza Jennifer Rochon está a cargo del proceso en Estados Unidos y ya unificó esta causa con otra investigación sobre el token $M3M3, que también tuvo como protagonistas a Davis y a su socio Benjamin Chow, CEO de Meteora.

Mientras tanto, en el Congreso argentino, la comisión investigadora impulsada por la oposición permanece paralizada. La Cámara de Diputados aprobó su conformación en abril, pero el oficialismo bloqueó su funcionamiento. A través de una maniobra interna, el presidente del cuerpo, Martín Menem, delegó la coordinación en su secretario parlamentario y nunca convocó a reuniones. Esto impidió que la comisión avanzara con pedidos de informes y citaciones clave.

Frente a esa inacción, el diputado Maximiliano Ferraro solicitó formalmente la reactivación urgente de la comisión. En una nota enviada a sus pares, sostuvo que “la demora en la normalización de su funcionamiento impide el ejercicio de las facultades constitucionales de control que corresponden a esta Honorable Cámara”. Su proyecto busca destrabar el empate que frena la designación de autoridades y propone que el bloque con más bancas defina la presidencia.

Mientras tanto, legisladores como Oscar Agost Carreño y Sabrina Selva insisten en que el vínculo entre el gobierno argentino y los impulsores de $LIBRA está suficientemente acreditado. “Ya hay hasta fondos ingleses reclamando que se le pague a Davis con dinero de Argentina”, advirtió Carreño. “Según la normativa norteamericana, es viable conocer quiénes inyectaron primero y retiraron después. Eso podría llevar directamente al entorno de Milei”.

Por su parte, en el expediente judicial de Nueva York, los abogados Max Burwick y Margaret Hoppin remarcaron: “El interés de los inversores, el volumen de operaciones y el precio aumentaron en respuesta al anuncio del presidente Milei”. A partir de ese momento, “los demandados y sus asociados comenzaron a extraer sistemáticamente capital de los fondos de lanzamiento y liquidez de $LIBRA”.

A más de cinco meses del estallido, el Gobierno argentino sigue sin ofrecer respuestas. Pero el cerco judicial se estrechó. Y ahora, el impacto político del escándalo empieza a golpear el corazón de la Casa Rosada.