En la primera sesión extraordinaria del año, a través de dos proyectos de Resolución que contaron con el consenso de casi todo el arco opositor, el Concejo Deliberante de San Isidro se expresó en advertencia hacia la gestión bonaerense que encabeza Daniel Scioli.

En una clásica sesión del cuerpo, donde reinaron los discursos extensos y la monotonía, durante cuatro horas, se aprobó en primera instancia un rechazo al aumento excesivo del impuesto inmobiliario. Luego, se le dio el visto a un reclamo al gobierno provincial para que implemente un Plan Rector para el Desarrollo Sustentable. Ambos proyectos son bien distintos, pero los dos tienen como destinatario a la gestión que encabeza el ex motonauta.

El aliado oficial Andrés Rolón pidió que el cuerpo se conforme en Comisión. Allí, el primero en tomar la palabra fue Pablo Fontanet, del bloque Peronismo por San Isidro, que trabaja para el possismo. El edil repasó la historia de las leyes impositivas bonaerenses y pidió volver al sistema de topes.

Pablo Chamatrópulos se mostró poco convencido con dos artículos de la Resolución y solicitó que se le acepte la abstención. Más adelante, Fontanet diría que “los que cuestionan los considerandos en realidad no quieren decir que están de acuerdo con los aumentos. No vamos a aceptar su pedido de abstención y pedimos que explique su postura”. Además pidió discutir sobre lo resolutivo. El vecinalista contestó que se sintió agravado y por un momento se rompió la parsimonia del recinto. La francisquista Ester Fandiño tampoco aceptó la “prescindencia” de Chamatrópulos, quien finalmente votó en contra.

Por su parte, el radical Jorge Álvarez dijo que desde el recinto “queremos ser la voz del fastidio de muchos contribuyentes”. Además pidió que a los que pagaron de más se les devuelva el dinero o se les acredite en alguna cuenta para futuros pagos. Finalmente, esta solicitud se agregó en el texto final.

También estuvieron en contra Santiago Cafiero y Leandro Martin, del Partido Justicialista, ambos alineados al gobierno nacional y provincial. El presidente del bloque y del PJ local, de apellido célebre, afirmó: “Nos oponemos, es una posición política que asume el cuerpo. La provincia está ejerciendo su autoridad tributaria para poder brindar mejor servicio. Defender al vecino es pedir mejores servicios”.

Enseguida lo interceptó Rolón: “A fines del 2010, en la Ordenanza Fiscal e Impositiva, que vino con un aumento de tasas de 15 % para servicios y sueldos, quienes rechazaban ese incremento decían que lo hacían en defensa de los vecinos”, en clara alusión al preopinante. Cafiero respondió que negaron ese proyecto por estar en desacuerdo con las asignaciones y las partidas.

Finalmente, el vocero de Posse en el recinto y presidente del bloque oficialista, Carlos Castellano, remató: “Nunca quisimos bajar los impuestos ni retrotraer una ley provincial, pero se han detectado anomalías con contribuyentes de la provincia y de San Isidro. Debe ser un error, porque dudo que los legisladores hayan querido dar aumentos de casi el mil por ciento”.

Finalmente, el texto tuvo un agregado de Marcos Holding Ohlsson, de Agrupación por San Isidro, para limitar los aumentos y que los mismos no excedan el 20 %. Pero por otro lado le rechazaron la oferta de incorporar un pedido para brindar mejor información al contribuyente. De todas formas, es solo una declaración para el gobierno provincial. Una más de las tantas que llegarán desde las casas legislativas de todos los distritos.

LA POLÉMICA CON EL COLONY PARK EN TIGRE

Luego, con el objetivo de impedir daños ecológicos, en resolución aprobada por unanimidad, el cuerpo reiteró su pedido al gobierno provincial para que implemente un Plan Rector para el Desarrollo Sustentable del Delta del Paraná; algo que ya había solicitado en la sesión del 7 de octubre de 2009.

El concejal del GEN Abel Sánchez Negrete preguntó: “¿Por qué debatimos sobre algo que se desarrolla en Tigre; un emprendimiento en otro distrito? Lo hacemos porque nos afecta directamente a nosotros. Todos los municipios de la costa estamos interrelacionados”.

El expediente afirma que se busca “preservar las costas ribereñas del Municipio de San Isidro y distritos cercanos frente al avance de urbanizaciones, desarrollos inmobiliarios y comerciales”. Y hace referencia particularmente al emprendimiento llevado a cabo por la firma Colony Park S.A. en la primera sección de islas del Delta del Paraná. Puntualmente en terrenos fiscales junto al arroyo Anguila que habitaban 17 familias desde hace varias generaciones y que fueron violentamente desalojadas.

La edil Fandiño, una de las más insistentes en el tema, afirmó que “no hay nada más relacionado al Espacio Público y nada más progresista que la defensa del Medio Ambiente”.

La resolución del Concejo Deliberante afirma que “las construcciones que realizó Colony Park sobre los terrenos precitados ya afectaron los humedales y cursos de agua existentes, constituyendo un hecho consumado gravísimo, que no puede ser convalidado por una audiencia pública ambiental posterior”.

Por gestiones del municipio de San Isidro, el Organismo Provincial de Desarrollo Sustentable (OPDS) suspendió por 90 días la audiencia que iba a realizarse el 23 de febrero en el HCD de Tigre y que tenía como finalidad informar a la comunidad sobre el accionar de esta empresa.

Asimismo, la justicia federal de San Isidro frenó este proyecto urbanístico.