El debate sobre la transparencia había ganado protagonismo durante este año en el Concejo Deliberante de San Isidro. Todo empezó cuando el possismo buscó adherir a la Ley de Declaraciones Juradas de funcionarios que impulsó la gobernadora Vidal. La maniobra desató todas las internas políticas en el distrito. En el medio, hubo cambio de autoridades en el cuerpo y refrescadas tensiones partidarias.

La oposición se opuso a ser un simple firmante de una idea de la gobernadora y planteó profundizar las medidas para transparentar la gestión. Entre ellas, crear una Oficina Anticorrupción de ámbito local. En el oficialismo contestaron que no es buena idea seguir ampliando la estructura estatal, y realizaron un convenio con la entidad que encabeza Laura Alonso a nivel nacional para dar respuesta a los pedidos locales.

El convenio entre San Isidro y la Oficina de Anticorrupción nacional fue aprobado este miércoles con 13 votos positivos. La votación fue nominal y dejó algunos detalles. Al momento de alzar la mano estaban ausentes Martín Lutufyan y Manuel Abella, de ConVocación por San Isidro (sus compañeros Riganti, Dimattei y Lucena se quedaron y votaron por la positiva), y los radicales Carlos Castellano y Carlos Juncos. Casualidad o no, participaron de toda la sesión y del debate previo, pero los cuatro dejaron las bancas vacías antes de la votación. Por la negativa estuvieron las 7 manos de todo el peronismo: PJ, Unidad Ciudadana y Frente Renovador.

En el debate, Abella hizo cuestionamientos pero avisó que el bloque votaría por la positiva: “La Oficina Anticorrupción está a tiro de decreto, y eso atenta contra la independencia. Es un problema de la política argentina, en este gobierno y en los anteriores. No estamos en acuerdo del todo con este convenio, pero lo que abunda no daña. Vamos a insistir con la creación de una oficina local”.

Antes, el peronista Fabián Brest argumentó el voto en contra: “No entiendo este convenio. Ya nos habían negado la creación de la Oficina Anticorrupción, y cuando se trabajó este proyecto licuaron un expediente que presentó nuestro bloque. Antes decían que estaba mal y ahora dicen que está bien. No estamos para decir una cosa y después otra. El proyecto de la oposición, de hace algunos meses atrás, era mucho mejor. Nosotros no vamos a acompañar. No estamos sujetos a los caprichos del Ejecutivo local”.

Por su parte, la concejal de Cambiemos Rosalía Fucello se encargó de defender el proyecto: “Es un convenio de cooperación y colaboración, para favorecer políticas de ética pública. Hay muchos temas relacionados a la transparencia que ya los estamos trabajando desde la Secretaría de Modernización local, para favorecer el libre acceso a la información. Todos deberían acompañar cada paso que se da en favor de la transparencia”:

Además se aprobó un proyecto de comunicación para pedir informes sobre cómo impacta la reducción del Fondo Federal Solidario, conocido como fondo sojero, en el Presupuesto municipal. Juan Ottavis, del PJ, expresó que “queremos que Posse acompañe el pedido de amparo de los intendentes de todo el país, que se va a presentar a modo de reclamo para que no se quite esas partidas a los municipios”. Contestó la concejal de Cambiemos Gaby Martínez, quien recordó que como compensación el gobierno nacional “hizo el anuncio del Programa de Asistencia Financiera, de 4 mil millones de pesos”.

A su vez, el Concejo Deliberante adhirió a la Ley Provincial N°13.342, que tiene por objeto lograr la regularización dominial de los bienes inmuebles financiados por el Instituto Provincial de la Vivienda de la Provincia de Buenos Aires. La aprobación de esta Ordenanza apunta a convertir a familias de San Isidro en propietarias de viviendas sociales construidas por el Estado, otorgándoles seguridad jurídica, y garantizando el recupero de los fondos invertidos.

Por otra parte, se aprobó la eximición del pago de la tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales, la tasa por Inspección de Comercios e Industrias a los locales habilitados y de los Derechos por Publicidad a los comerciantes que desarrollen su actividad en los alrededores a las obras de la estación de Villa Adelina y Boulogne.

Además, sobre tablas, el cuerpo aprobó un repudio al secuestro y ataque sufrido por la docente Corina de Bonis en el distrito de Moreno. Ingresaron tres expedientes de Cambiemos, Unidad Ciudadana y el PJ, que se unieron para facilitar el tratamiento. También se agregó un artículo para reclamar a las autoridades provinciales y nacionales que investiguen y castiguen con urgencia a quienes fueron los responsables.

Entre los proyectos ingresados destacó una Resolución del PJ destinada al AABE para que destine parte del predio del golf de Villa Adelina a escuelas públicas de la zona. “Allí se busca desarrollar un Parque Público con emprendimientos inmobiliarios por parte de la provincia y el municipio. Pero entre tanto el AABE cedió 4 hectareas a una escuela privada para que los alumnos desarrollen actividad deportiva. Nos parece muy malo, porque en esa zona hay cerca de 20 escuelas públicas que tienen que hacer trasladar a sus alumnos en transporte público a campos de deporte a 20 o 30 cuadras de distancia”, aclaró el concejal Brest.