Desde los desafortunados blanqueos con el Cedin y los Baade, el gobierno ‘nacional y popular’ persigue el objetivo de una mega devaluación del peso ‘indolora’ y de un re-endeudamiento internacional, en un afán desesperado e improvisado de rescatar a la economía de un derrumbe.
Es así que vuelto a emitir deuda externa para pagar indemnizaciones abusivas para las privatizadas del menemismo (Ciadi). También ha acordado una indemnización gigantesca a favor de la mayor vaciadora del país, Repsol, cuya finalización sin embargo aún no ha podido concretar. Al mismo tiempo ha legalizado un mercado de divisas paralelo en la Bolsa, adonde malvende los títulos públicos en poder de la Anses, en beneficio de los especuladores privados, lo cual reconvierte a la deuda pública interna en una deuda internacional. Ha firmado un acuerdo financiero y ambiental oneroso con Chevrón, a la cual premia ahora, además, con la posibilidad de ingresar dólares por el mercado paralelo. En una confesión de bancarrota financiera, el Banco Central acaba de refinanciar deuda propia con los bancos locales, a la tasa exorbitante del 24.5% anual.
Ninguna de estas concesiones extraordinarias al “capital concentrado” ha servido para detener la carestía, que avanza como nunca antes sobre los salarios y las jubilaciones, ni la fuga de capitales. La devaluación del peso por parte del gobierno, así como los tarifazos para los combustibles, acelera día a día el aumento de los precios. Ahora, concluye en otro fracaso la intención de obtener un apoyo del Club de París para poder colocar un bono en el mercado internacional, sin todas las garantías financieras y políticas que exigen los estados miembros de ese Club.
El fracaso completo de la tentativa de arreglo con el capital financiero internacional, coloca a la Argentina ante la disyuntiva de aceptar un violento ‘ajuste’ contra las condiciones de vida y de trabajo del pueblo, y de una pérdida mayor de autonomía nacional, u oponer a la inminencia de un rodrigazo, un plan económico y político integral por parte de los trabajadores. El ciento por ciento de la burocracia sindical, sin embargo, en lugar de hacerse responsable de convocar a un congreso de trabajadores, participa de las operaciones que apuntan hacia ese ajuste contra el pueblo. Sea como fuere, el desarrollo de la crisis pondrá al pueblo ante la necesidad de dar una salida independiente, por lo cual la convocatoria de un congreso de delegados que establezca un plan económico y político popular va a emerger como una tarea acuciante.
