A 14 días de la brutal represión contra la marcha de los jubilados en el Congreso, la familia del fotógrafo Pablo Grillo sigue sin respuestas. Los abogados denuncian que la investigación judicial no avanza y que los jueces responsables se pasan el expediente sin asumir la causa.

Claudia Cesaroni, abogada de la familia, señaló que existe un “conflicto de competencia negativa”, lo que significa que ningún tribunal quiere tomar el caso. “Se lo revolean entre el juzgado de María Servini de Cubría y Ariel Lijo”, explicó en diálogo con FM En Tránsito. Será la Cámara Federal de Casación Penal la que defina quién debe investigar, pero mientras tanto, no hay imputados ni avances concretos.

El ataque ocurrió el 13 de marzo, cuando un gendarme de apellido Guerrero disparó una lata de gas lacrimógeno a corta distancia y sin respetar el protocolo, impactando en la cabeza de Grillo, quien se encontraba cubriendo la protesta con su cámara. El proyectil lo dejó en estado crítico, aunque su recuperación avanza lentamente.

Organismos de derechos humanos como el CELS y la Liga Argentina por los Derechos Humanos asumieron la representación legal de la familia, que insiste en ser querellante en la causa para impulsar la investigación. Sin embargo, la inacción judicial prolonga la impunidad y genera preocupación.

“Se cumplen 14 días de la tentativa de homicidio agravada contra Pablo y no hay nadie investigando”, advirtió Cesaroni. Además, vinculó el ataque con una política represiva que, según su visión, remite a prácticas de la última dictadura militar. “El modo en que se intentó encubrir lo que le sucedió a Pablo es parte de la construcción de la dictadura, de quitarle humanidad a ciertas personas”, denunció.

Mientras la causa sigue paralizada en los tribunales, la familia de Grillo y las organizaciones que la acompañan exigen que la justicia actúe y que los responsables sean identificados y juzgados.