El viernes 8 de agosto ingresó al Concejo Deliberante de San Martín un Proyecto de Ordenanza para combatir los hechos de inseguridad sufridos los últimos meses en el distrito. La propuesta lleva la firma del bloque del PJ integrado por José María Fernández, Alejandro Mellea y Eduardo Bustos.

El proyecto, de ser aprobado, autoriza al “Departamento Ejecutivo a disponer hasta el 50% de los fondos disponibles en la cuenta bancaria correspondiente a la percepción de la Tasa de Alumbrado Público, Ordenanza Nº 9655/07, para ser destinado a contratar el servicio adicional de 800 horas diarias hombres de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, por sistema “HORAS C.O.R.E.S.” hasta el final del presente ejercicio”.

Agrega que “la disponibilidad operativa del personal policial contratado por disposición de esta Ordenanza, será coordinada entre la Secretaría de Gobierno (Dirección de Seguridad) y la Jefatura Distrital del Partido de Gral. San Martín”. También aclara que “el control de fondos y funcionamiento operativo, será realizado en forma bimestral por la Comisión permanente de Seguridad y Participación Comunitaria”, encabezada por el concejal oficialista Gustavo Suárez.

“La presente Ordenanza se encuadra en lo dispuesto en los artículos 119º y 120º de la Ley Orgánica de las Municipalidades en cuanto se refiere a acontecimientos imprevistos que hacen indispensable la acción inmediata de la Municipalidad”, finaliza diciendo el texto.

Previo a detallar los contenidos el proyecto, el texto argumenta la medida en la creciente ola de inseguridad sufrida los últimos meses, “que ya le han costado la vida a varios de nuestros vecinos y no avizorando hasta el momento ninguna medida que pueda en forma inmediata resolver una cuestión que todos reconocemos tiene su origen en causas estructurales muy profundas que podríamos resumir en la falta de inclusión, educación, pérdida de valores fundamentales para la vida en comunidad como, trabajo, respeto, honestidad etc. Elementos que seguramente escapan a las posibilidades de una administración municipal, pero que no justifican desentenderse en virtud de la magnitud y complejidad de la situación social, sino por el contrario, ameritan realizar el máximo esfuerzo a su alcance tendiente a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos”.

“Hallándose en juego la vida de nuestros vecinos resulta superfluo e irrespetuoso direccionar la discusión a una cuestión de competencias jurisdiccionales, sin aportar todo lo posible desde cada ámbito”, agrega.

También se menciona que “municipios vecinos han mejorado ostensiblemente sus niveles de seguridad a partir de la decisión política de invertir en seguridad parte de su presupuesto mas allá de lo recaudado mediante la Tasa de Seguridad y Vigilancia”.

Los concejales opinan que resulta “casi irresponsable seguir aguardando simplemente que la Provincia de Buenos Aires, a cuyo cargo esta la seguridad de todos los bonaerenses, envíe un mayor número de efectivos policiales a nuestro municipio, cuando resulta harto evidente que la misma situación viven muchos municipios del conurbano y la administración provincial no ha podido hasta el presente resolver satisfactoriamente las solicitudes de todos ellos”.

“Es necesario contar con mas personal policial en las calles de San Martín patrullando, realizando controles fijos y móviles sorpresivos en las zonas mas calientes de nuestro municipio, para lo cual la actual disposición de cuadriculas resulta insuficiente”.

El proyecto expresa que “sería necesario contar con 8 horas de trabajo diario de al menos 100 efectivos policiales más de los que actualmente conforman la dotación permanente del distrito, ya sea mediante la realización de horas extras o contratando personal franco de otra jurisdicción, lo que resulte posible y conveniente a juicio de los especialistas en la materia pero sin superar en principio las 800 horas hombres (C.O.R.E.S.) diaria por 30 días al mes”.

“La partida 1.2.1.01.03. correspondiente a la tasa de iluminación pública que el municipio percibe a través del convenio con Edenor conforme ordenanza Nº 9655/07, cuenta con fondos superiores a los $ 6.000.000 paralizados en el banco desde diciembre del 2007, y aun cuando se trata de una partida afectada, la situación de emergencia que en materia de seguridad estamos viviendo, o sufriendo, amerita en función del bien común autorizar al Departamento Ejecutivo en forma extraordinaria a disponer de los fondos para resolver esta crisis, hasta el final del presente ejercicio”.