Ante la situación de desbarajuste político y económico provocada por su discurso y sus acciones, el Gobierno anunció que busca sancionar una ley de exteriorización patrimonial de moneda extranjera no declarada para impulsar la actividad inmobiliaria y obtener financiamiento adicional para el sector energético, en particular YPF. Lo que ilustra por partida triple acerca de sus “desaciertos” en el control cambiario y fiscal que ha pulverizado la actividad inmobiliaria; de su fracasada política energética que primero desalentó la inversión privada, luego facilitó la retirada de Repsol mediante el pago masivo de dividendos por YPF y finalmente expropió ésta sin indemnización ni previa ni posterior, anulando toda posibilidad de inversión extranjera de envergadura en el sector. Por último, ilustra sobre su seguir favoreciendo el enriquecimiento ilícito y fuga de capitales de sus empresarios socios y subordinados.

Salvo la débil posibilidad de reactivar algo el sector inmobiliario impulsando la compra-venta de inmuebles con dinero mal habido, que bajo la normativa actual que el propio gobierno impuso resulta en transgresión fiscal, no hay nada para rescatar.

El “blanqueo” no podrá: 1.

Reducir la brecha cambiaria, producto del desequilibrio fiscal que genera una oferta excedente de moneda nacional, que el público busca agotar con la compra de divisas como cobertura frente a la inflación esperada que tal exceso de dinero preanuncia, con tasas de crecimiento sostenidas de alrededor del 34% anual en los últimos 2 años.

2.

Mejorar la actividad del sector inmobiliario ni, en consecuencia, la caída en la actividad presente y futura de la construcción, que deviene de la incertidumbre por los precios de los inmuebles.

3.

Inducir el financiamiento a YPF por parte del sector privado, cuya falencia resulta de la desconfianza acerca de las malas políticas gubernamentales voluntaristas en el sector energético.

4.

Tampoco aumentar las divisas disponibles del BCRA por definición, al disponerse encaje del 100% sobre los montos que se exterioricen.

De lo anterior resulta entonces que sólo es útil para salvaguardar el propio enriquecimiento ilícito blanqueado por testaferros y obviar eventuales problemas futuros por investigaciones fiscales en casos de corrupción, que involucrasen a los empresarios amigos, evitándolas con el “olvido fiscal” del blanqueo. Teniendo además como efecto colateral transitorio no una baja, sino suba del dólar paralelo por compras para blanquear pesos, agravado si ha habido “filtraciones” de las medidas anunciadas.

El blanqueo no tiene costo, busca así maximizar el ingreso de dinero desde las fuentes más “negras” hasta quienes quieran preparar un escenario para futura evasión ante un consumo desmedido en su declaración patrimonial y de ganancias.