Un convenio reservado firmado por Javier Milei y el empresario cripto Hayden Mark Davis ubicó al creador de memecoins como asesor ad honorem en blockchain e inteligencia artificial del Estado argentino. El texto llevó fecha del 29 de enero de 2025 y se firmó durante una visita exprés de Davis al país. El viaje duró poco más de un día y medio y ocurrió quince días antes del lanzamiento del token $LIBRA.

La agenda incluyó una reunión en Casa Rosada con el Presidente y con los lobbistas Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy. El encuentro duró cerca de treinta minutos y derivó en un mensaje de Milei en la red social X que presentó públicamente al empresario. Ese posteo tuvo réplica inmediata desde la cuenta de Kelsier Ventures, la firma de Davis, con un mensaje que afirmó: «Un gran paso en nuestra visión de garantizar que la próxima generación de tecnología y finanzas llegue a las masas. Estamos orgullosos de asesorar a @JMilei en la ejecución de este objetivo en Argentina y seguir cambiando el mundo para mejor. VIVA LA LIBERTAD».

El acuerdo apareció redactado en español y llevó ambas firmas. Según los registros oficiales, Novelli solicitó la reunión del 30 de enero. Ese mismo día, dos billeteras cripto atribuidas a Davis enviaron 507.000 USDC cada una a una wallet asociada a Orlando Rodolfo Mellino, un jubilado argentino de 75 años señalado como intermediario. Horas después, Mellino transfirió la totalidad a otra billetera identificada como CPE22, que la fiscalía describió como una presunta cueva cripto.

El 14 de febrero, Davis lanzó el token $LIBRA. La cotización saltó desde 0,3 hasta casi 5 dólares tras un tuit de Milei. En poco más de una hora, el precio cayó con fuerza y dejó miles de afectados. Ante el avance de las sospechas, el Presidente eliminó su publicación y sostuvo luego que desconocía los detalles del proyecto.

La investigación sumó otros documentos que exhibieron colaboraciones entre el Gobierno y Kelsier Ventures para iniciativas de tokenización y Web3. Un acuerdo previo, revelado por la prensa, ubicó a Davis como asesor oficial del Estado en blockchain, inteligencia artificial y criptomonedas desde noviembre de 2024. Ese borrador fijó etapas de trabajo y pagos por 300.000 dólares iniciales y seis cuotas mensuales de 250.000 dólares, con opción de extensión si los beneficios superaban los 10 millones de dólares.

La Comisión Investigadora del Congreso identificó una billetera virtual que recibió transferencias por esos montos en las fechas previstas. La titularidad no resultó clara, aunque los diputados la vincularon a Novelli, Terrones Godoy o a Sergio Morales, exasesor de la CNV. El exchange OKX confirmó movimientos desde esa wallet hacia cuentas asociadas a Novelli y Morales.

El entramado incorporó a KIP Protocol, firma liderada por el singapurense Julian Peh. Su nombre figuró en la web del proyecto al momento del lanzamiento y concentró las primeras críticas. Luego, la empresa difundió un comunicado que afirmó que el proyecto «había sido un éxito» y que «el presidente no estuvo ni está involucrado de ninguna manera en el desarrollo del proyecto que es absolutamente privado». Horas después, Peh reconoció que ese mensaje «estaba mal escrito y tenía razones por las cuales lo publicaron».

Diez días más tarde, KIP señaló a Novelli como el nexo que los convocó el 13 de febrero y como el autor del texto que debían publicar para despegar a Milei del token. Según la reconstrucción del caso, Novelli mantuvo contactos desde Dallas con Davis mientras coordinaba acciones en Buenos Aires. KIP evitó declarar ante la Justicia y no designó abogado pese a la imputación que alcanzó a Peh.

En un espacio público de X realizado la madrugada del 14 de febrero, los directivos de KIP eludieron precisar quién creó la moneda. Alegaron la existencia de un acuerdo de confidencialidad que les impidió dar nombres. Ese mismo argumento apareció en el convenio firmado entre Milei y Davis, que estableció cláusulas estrictas de reserva y formalizó un asesoramiento gratuito, con posibilidad de ampliar materias a pedido exclusivo del Presidente.

El documento quedó ahora bajo la lupa judicial y legislativa. La firma confidencial, las transferencias cripto y el derrumbe de $LIBRA conformaron el núcleo de un escándalo que golpeó al Gobierno y abrió interrogantes sobre el vínculo entre el poder político y los negocios cripto en la Argentina.