Un informe del Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA) de la Pontificia Universidad Católica Argentina, elaborado junto a la empresa Edenred, alertó sobre el deterioro de las condiciones alimentarias entre trabajadores asalariados en el país. El estudio indicó que el 83,5% de los empleados sufre algún tipo de privación alimentaria durante su jornada laboral por razones económicas, en un contexto marcado por la pérdida del poder adquisitivo.

El relevamiento mostró que solo el 16,5% de los asalariados no enfrenta restricciones al momento de alimentarse durante el horario de trabajo. En contraste, el 27,3% resigna cantidad o calidad de los alimentos, mientras que el 56,2% padece ambas carencias al mismo tiempo, lo que implica comer menos y optar por productos de menor valor nutricional.

El informe señaló que la situación afecta con mayor intensidad a mujeres, jóvenes y trabajadores de menor calificación. Entre las mujeres, el 60,1% sufre privación combinada; en el caso de los trabajadores de entre 18 y 29 años la cifra alcanza el 66,8%. También se registran niveles más altos en las regiones del NOA y NEA, donde el deterioro de los ingresos resulta más pronunciado.

Las brechas también se observan según el nivel educativo y el tipo de empleo. A medida que aumenta la formación académica, disminuye la proporción de asalariados afectados. En términos laborales, los trabajadores no calificados y quienes se desempeñan en unidades productivas pequeñas presentan mayores dificultades para sostener una alimentación adecuada.

El sector público aparece como uno de los más golpeados. De acuerdo con el relevamiento, el 70% de los empleados estatales enfrenta simultáneamente privaciones de cantidad y calidad, mientras que en el sector privado el porcentaje desciende al 50,3%.

El nivel de ingresos también marca diferencias. Entre quienes perciben hasta $800.000 mensuales, el 68,8% sufre ambas privaciones. En cambio, entre quienes superan los $2 millones, el indicador baja al 31,6%.

El estudio identificó algunos factores que funcionan como amortiguadores. El teletrabajo aparece como uno de ellos: solo el 16,1% de quienes trabajan de forma remota enfrenta privación alimentaria doble. Sin embargo, los investigadores señalaron que esta modalidad no puede generalizarse a toda la estructura productiva.

Otra variable clave es la provisión de alimentos por parte del empleador. Cuando las empresas ofrecen comedor, viandas o aportes económicos para la comida, se registran mejoras en los hábitos alimentarios y una mayor regularidad en las pausas para almorzar.

En ese sentido, el 69% de los trabajadores consideró útil recibir una contribución diaria de $10.000 para cubrir gastos de comida. Según el relevamiento, la mitad de los encuestados utilizaría ese dinero para comprar alimentos de mejor calidad y preparar las comidas en sus hogares.

El informe también advirtió que el encarecimiento de las comidas fuera del hogar empuja a muchos trabajadores a reducir el consumo o elegir alternativas menos nutritivas. Además, solo el 44,4% de los asalariados recibe actualmente algún tipo de beneficio alimentario, y suele tratarse de los sectores con mejores salarios.

Los investigadores remarcaron que la inseguridad alimentaria ya no se limita a los sectores más pobres, sino que se extendió de forma masiva dentro del mercado laboral. En ese marco, señalaron que el entorno de trabajo puede cumplir un papel clave para mitigar el problema mediante políticas que faciliten el acceso a alimentos, espacios adecuados para comer y aportes específicos destinados a la alimentación.