Se trata del padre Javier Olivera Ravasi, hijo de un militar condenado, que habría alentado la realización del encuentro en el penal de Ezeiza.
Luego de la reunión de organismos de derechos humanos con las autoridades de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), el obispado de Zárate-Campana le quitó la autorización para residir en esa diócesis al cura Javier Olivera Ravasi, hijo del represor Jorge Olivera y uno de los organizadores de la visita de diputados de La Libertad Avanza a genocidas presos en Ezeiza.
El obispado comunicó que se le informó a Olivera Ravasi que “en adelante no tiene autorización para residir” en esa diócesis, luego de “numerosas quejas fundadas por sus expresiones y actitudes, que se oponían al testimonio cristiano”.
“El sacerdote, Presbítero Javier Olivera Ravasi, está incardinado en la Diócesis de San Rafael, Provincia de Mendoza, y fuera de la misma desde hace varios años. Por razones familiares que aludió, solicitó residir en esta Diócesis de Zárate-Campana, lo que se le concedió por el término de cuatro meses, desde el 20 de agosto de 2019 hasta el 31 de diciembre del mismo año, quien posteriormente dejó el lugar y retornó varias veces sin aviso alguno”, señaló el obispado.
“Dado que en reiteradas ocasiones se recibieron en este Obispado numerosas quejas fundadas por sus expresiones y actitudes, que se oponían al testimonio cristiano -máxime proviniendo de un sacerdote-, se le pidió un cambio de actitud y comportamiento en su proceder», repasó el comunicado y añadió: «Al no observarse hasta el presente el cambio requerido en su actitud, y teniendo en cuenta que el mencionado sacerdote no pertenece a esta Diócesis de Zárate-Campana, así como por el bien de la comunidad diocesana, hechas las consultas pertinentes, se le ha comunicado que en adelante no tiene autorización para residir en esta Diócesis”.
El martes por la tarde, el presidente de la Conferencia Episcopal, Oscar Ojea, y su vice, Marcelo Colombo, se reunieron con representantes de organismos de derechos humanos para expresar su rechazo hacia las acciones del cura libertario.
En la reunión, a la que asistieron miembros de la Asociación Permanente por los Derechos Humanos (APDH), H.I.J.O.S. Capital, el Movimiento Ecuménico de Derechos Humanos y Familiares y Compañerxs de los 12 de la Santa Cruz, Ojea y Colombo destacaron que “Olivera Ravasi no es la voz de la iglesia” y, en respuesta a la solicitud de su expulsión, indicaron que estaban considerando posibles sanciones.
Olivera Ravasi es un sacerdote ultraconservador del Instituto del Verbo Encarnado de Mendoza que en los últimos años ha ganado influencia en el ámbito de la ultraderecha. Además, mantiene una estrecha relación con la vicepresidenta Victoria Villarruel, con quien comparte la militancia en favor de la impunidad de los represores.
Después de la visita de un grupo de diputados a Ezeiza, se supo que el cura fue uno de los promotores de esa visita y de los proyectos para reducir o eliminar las penas a genocidas responsables de crímenes de lesa humanidad durante el terrorismo de Estado.
Este hecho generó gran preocupación entre las autoridades eclesiásticas. La primera en reaccionar fue el Papa Francisco, quien recibió en el Vaticano a Ana Fernández, nieta de Esther Ballestrino de Careaga, una de las Madres de Plaza de Mayo que fue víctima de Alfredo Astiz, y expresó su inquietud por el proyecto de liberación de represores.
Pocos días después, el vocero de la CEA, Máximo Jurcinovic, manifestó en sus redes sociales que “lo expresado y actuado por el sacerdote Javier Olivera Ravasi respecto a la visita de un grupo de Diputados a la Cárcel de Ezeiza no refleja ni el pensamiento ni la actitud de la Conferencia Episcopal Argentina”.
