La visita de seis diputados nacionales de La Libertad Avanza a represores condenados por delitos de lesa humanidad durante la última dictadura militar provocó una gran conmoción dentro del bloque oficialista. Rocío Bonacci, quien formó parte de la delegación que viajó a Ezeiza para encontrarse con Alfredo Astiz, Ricardo Cavallo y Raúl Guglielminetti, rompió su silencio. No solo insinuó que la acción contó con el respaldo de Martín Menem, sino que también mencionó la posibilidad de separarse del bloque libertario.

La diputada santafesina, que participó en la visita al penal de Ezeiza, reveló que acudió sin conocer el verdadero propósito del encuentro, ya que su colega Beltrán Benedit, quien organizó la visita, solo le había informado que se trataba de una actividad “con fines humanitarios”. Tras el escándalo que se desató, Bonacci no descarta la posibilidad de dejar el bloque de La Libertad Avanza. Otra diputada presente en la visita, Lourdes Arrieta de Mendoza, también estaría considerando una medida similar.

Este tema será abordado hoy en una reunión del bloque de La Libertad Avanza, presidido por el cordobés Gabriel Bornoroni. Se espera que la reunión sea tensa debido a la amenaza de una posible ruptura del bloque y la presión de varios sectores de la oposición para que se forme una comisión ad-hoc que investigue la actuación de los seis diputados y, si es necesario, imponga sanciones disciplinarias.

El kirchnerismo está considerando promover la expulsión de los responsables directos de la visita, mientras que los bloques dialoguistas creen que una sanción menos severa sería más adecuada.

El problema no radica únicamente en la visita a Ezeiza, sino también en la justificación presentada por Benedit a sus colegas tras hacerse público el encuentro. En un mensaje de WhatsApp, Benedit argumentó: “La represión es una competencia de las fuerzas de seguridad; fuimos a ver a ex combatientes que lucharon contra la subversión marxista por orden de un gobierno constitucional… Los cargos no están comprobados, no tienen condena firme y en muchos casos son inventados”.

Hasta el momento, tanto Menem como Bornoroni han intentado distanciarse de los hechos. Menem comentó en una entrevista: “Son actos individuales de algunos diputados. No reflejan la posición del bloque de La Libertad Avanza, ni la del presidente de la Cámara ni del Gobierno”. No obstante, no condenó explícitamente los eventos ni adelantó posibles sanciones.

A pesar de las declaraciones de Menem, la turbulencia interna persiste. El sábado pasado, en una entrevista en un canal de Rosario, Bonacci afirmó haber sido “engañada” para asistir al penal y sugirió que Menem podría haber estado al tanto de la visita.

“Recibí una invitación de un colega y confié en ella, lo cual creo que fue mi mayor error. Parece absurdo decirlo, pero primero porque la visita parecía tener un buen objetivo y, segundo, porque aparentemente contaba con la aprobación de Menem y de la Casa Rosada”, comentó.

Tras su regreso del penal, la legisladora se comunicó con Menem para expresar su postura y explicar su enojo con su compañero. “Hicimos una llamada telefónica de menos de 10 minutos que yo inicié, para plantearle mi postura y la razón de mi descontento con mi colega”, relató. Según ella, Menem no estaba bien informado sobre la situación porque el incidente había sido muy reciente. Sin embargo, la visita se realizó con una combi oficial, y los traslados de este tipo requieren una aprobación de Presidencia o de la gestión correspondiente, ya que de lo contrario, no se autoriza el uso de un vehículo oficial.

La legisladora subrayó que asistió al penal sin conocer el verdadero objetivo de la visita. “Sentí que fui engañada porque no se me proporcionó toda la información sobre el propósito real de la visita. Hablé tres veces por teléfono con mi compañero de bloque, preguntando el objetivo final del encuentro, y solo me dijo que era una visita humanitaria, importante y agradable, y que debíamos participar. Fue muy insistente con la invitación”, agregó.

Cuando Bonacci descubrió que el propósito de la visita era entrevistarse con represores condenados por delitos de lesa humanidad, decidió no participar y se mantuvo al margen del encuentro.

La diputada santafecina expresó sentirse “engañada” por los colegas que organizaron la visita y no descartó la posibilidad de separarse del bloque de La Libertad Avanza. “Me genera un gran malestar estar en este bloque de esta manera, con tantos secretos y ocultamiento de información. Es incómodo, y tanto el presidente de la Cámara como el del bloque lo saben. No he tomado una decisión definitiva sobre si dejaré el bloque, pero lo estoy considerando”, comentó.

La visita a Ezeiza por parte de estos diputados libertarios provocó un cisma interno en la bancada, que se reunirá mañana para abordar el tema. Ante la posibilidad de que tanto Bonacci como Arrieta puedan abandonar el bloque, la diputada Marcela Pagano se comunicó con ambas para intentar contenerlas. Esto es especialmente importante porque en la próxima sesión, prevista para el 7 del mes próximo, el kirchnerismo insistirá en la formación de una comisión que evalúe la conducta de los seis legisladores.

El clima en el bloque libertario está muy tenso. El diputado Carlos D’Alessandro advirtió el jueves pasado que podría unirse a la ofensiva del kirchnerismo si se establece una comisión para evaluar las responsabilidades y sanciones contra los legisladores de su bloque que visitaron a Alfredo Astiz y otros represores condenados en Ezeiza.

“Veo que desde Unión por la Patria están promoviendo la creación de una nueva comisión para supervisar a los diputados y el impacto que pueda tener en el Poder Legislativo. Si Unión por la Patria avanza con esa propuesta, yo la voy a apoyar”, afirmó en una entrevista televisiva.

Hasta el momento, ni Menem ni Bornoroni han indicado qué medidas tomarán para proteger a su bancada de la embestida kirchnerista, que contaría con el respaldo de algunos sectores de la oposición dialoguista. Fuentes confiables del oficialismo comentaron que la preocupación está en aumento, especialmente si las dos diputadas finalmente deciden abandonar el bloque. Esto representaría un duro golpe político a la autoridad de ambos en la Cámara de Diputados.

Los demás diputados que visitaron el penal han optado por guardar silencio. El único que justificó la visita fue su organizador, el diputado Benedit, cuando estalló el escándalo.

“Fuimos a ver a excombatientes que libraron batallas contra la subversión marxista por orden de un gobierno constitucional”, explicó Benedit en un mensaje de WhatsApp que se viralizó en las redes sociales y que ratificó en un medio gráfico.

El mensaje telefónico de Benedit contiene, además, una especie de autocuestionario que defiende abiertamente a los detenidos, niega los crímenes probados por la Justicia y rechaza ciertos consensos básicos alcanzados en democracia. “¿Qué edad tenían estos presos al momento que se les inventan los cargos? Entre 19 y 23 años. ¿Los cargos han sido probados? No, muchos son inventados”, señala uno de los fragmentos. Y subraya: “Vamos a hacer un escrito que dirá que no se cumplen los derechos humanos porque quienes fueron parte (terroristas) hoy se erigen en jueces y fallan en función de la venganza, la ideología y el negocio”.

Uno de los exmilitares detenidos con los que se reunieron los legisladores libertarios es Alfredo Astiz, condenado a cadena perpetua por el secuestro, tortura y desaparición de dos monjas francesas, Alice Domon y Léonie Duquet, así como de tres fundadoras de Madres de Plaza de Mayo: Azucena Villaflor, Esther Ballestrino y María Ponce de Bianco. En ausencia, Astiz también fue condenado a perpetua en Francia. El tema no formó parte del intercambio entre Javier Milei y su homólogo francés, Emmanuel Macron, el viernes pasado en París, según informaron fuentes oficiales del gobierno argentino.

La visita a represores unió al kirchnerismo y a referentes de la oposición dialoguista, quienes demandaron respuestas institucionales. El bloque liderado por el legislador santafesino Germán Martínez solicitó la creación de una comisión especial que, en un plazo de 20 días, “determine responsabilidades y proponga las medidas que el caso demande”. Además, Gisela Marziotta, integrante del mismo bloque, presentó un proyecto de resolución que pide la exclusión de los seis legisladores oficialistas de la Cámara, conforme al artículo 66 de la Constitución Nacional.

Cristian Ritondo, líder del espacio Pro en Diputados, también expresó su repudio y pidió al presidente de la Cámara, Martín Menem, una “solución institucional”. De manera similar, el radicalismo, aunque no hizo una demanda concreta sobre medidas sancionatorias, condenó la acción de los diputados libertarios a través de las redes sociales.

Entrevistado por un medio digital español, Menem se limitó a distanciarse de los hechos. “No es la posición del bloque de La Libertad Avanza, no es la posición de este presidente de la Cámara ni del Gobierno. Son actos individuales de algunos diputados”, aclaró. Sin embargo, no condenó los hechos ni anticipó sanciones.

La polémica por el “Astiz gate” se intensificó cuando se supo que los seis diputados libertarios se habían trasladado a Ezeiza en una combi de la flota oficial de autos. Esto dejó expuesto a Sharif Menem, quien actúa como director general. El sobrino segundo del presidente de la Cámara baja está encargado, entre otras cosas, de la autorización del uso de los vehículos oficiales.

Aunque no justificaron el accionar de los seis diputados que pidieron la combi, fuentes cercanas a los Menem desvincularon a Sharif de cualquier responsabilidad. Según explicaron, el sistema de solicitud de vehículos permite reservar un auto sin intervención de las autoridades siempre que sea para menos de cinco personas.

“El tema es que Benedit pidió un auto para cuatro personas y aclaró en los comentarios que iban más. Por eso se aprobó automáticamente, sin que nadie revisara el pedido”, precisaron. Como se detalla, hay capturas que evidencian que el legislador entrerriano ingresó en el sistema oficial un número menor de asistentes para concretar la reserva.

A través de una nota, el jefe del bloque UP solicitó detalles sobre este procedimiento al presidente del cuerpo. “Debe dar precisiones sobre los hechos reseñados que hacen parecer que nos encontramos frente a una actividad institucional”, indicó Martínez.