El sistema de atención a personas con discapacidad atravesó días de fuerte tensión. Instituciones terapéuticas y educativas de varias provincias impulsaron un cese de actividades ante la falta de pagos de programas estatales y obras sociales nacionales, una situación que, según denunciaron, afectó el funcionamiento de centros y tratamientos.

Las entidades del sector señalaron que los atrasos impactaron en la continuidad de las prestaciones y generaron una crisis financiera en instituciones que dependen en gran medida de esos recursos. En Tucumán, la Cámara de Instituciones Terapéuticas y Educativas de Discapacidad confirmó la suspensión de actividades durante tres jornadas: viernes 13, miércoles 18 y jueves 19 de marzo.

Durante esos días, niños, adolescentes y adultos con discapacidad quedaron sin terapias ni servicios de acompañamiento. La medida buscó visibilizar el conflicto y exigir una respuesta de las autoridades nacionales.

“Ante la falta de respuesta del Gobierno nacional convocamos a este cese de actividades para visibilizar una crisis que pone en riesgo la continuidad de las prestaciones”, señalaron desde la Cámara.

El reclamo no se limitó a una provincia. El Foro Permanente para la Promoción y la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad informó que el conflicto se extendió a nivel nacional. Según sus referentes, las instituciones acumularon meses sin cobrar por servicios que ya brindaron.

Sebastián Calderón, director del Centro de Día Cenemi de Posadas, explicó la situación con una frase directa: “Están retenidos los pagos desde el mes de noviembre”.

La protesta implicó la interrupción de múltiples servicios. Escuelas especiales, centros de día, instituciones terapéuticas y transportistas dejaron de prestar asistencia. El reclamo central exigió el pago inmediato de prestaciones financiadas por PAMI, Incluir Salud y el sistema de Pensiones No Contributivas.

La crisis también golpeó a trabajadores y profesionales del sector. Las instituciones denunciaron dificultades para afrontar salarios, insumos y gastos básicos. Muchas dependen casi por completo de los pagos de programas estatales.

Adriana Salomone, integrante de la Asociación de Padres DINAD, describió el escenario con una comparación contundente. “La situación es como un tren: las locomotoras son el Estado y las obras sociales, que tienen que poner en marcha el motor con los recursos para sostener la asistencia. En el medio están las personas con discapacidad y atrás todos los trabajadores: enfermeras, profesionales, docentes, terapeutas. Si quienes tienen que pagar frenan el tren de golpe, todo el sistema se paraliza. Es como ir a 180 kilómetros por hora y poner el freno de mano: nos matamos todos”.

La referente también detalló el impacto directo en las instituciones. Gran parte de la facturación depende de organismos públicos, lo que deja a los centros en una situación crítica cuando los pagos no llegan.

“En nuestro caso, el 50% de la facturación corresponde a PAMI y un 30% a Incluir Salud. Ninguno de los dos pagó diciembre. Mientras tanto, los trabajadores ya deberían haber cobrado sus salarios y la institución tuvo que afrontar sueldos y aguinaldos. Hoy no podemos pagar salarios y los trabajadores tampoco pueden seguir sosteniendo esta situación”, explicó.

El problema afectó además a hogares que alojan personas con discapacidad sin red familiar. A diferencia de otros espacios, estos establecimientos no pueden interrumpir su funcionamiento.

Desde el sector advirtieron que la falta de financiamiento puso en riesgo la continuidad de instituciones y tratamientos. Sin una regularización de los pagos, sostuvieron, cientos de centros podrían quedar al borde del cierre y miles de personas perderían el acceso a servicios esenciales.