Así lo señaló Claudia Spidalieri, presidenta del Colegio Profesional de Terapia Ocupacional de la Provincia de Buenos Aires (COTOBA), directora de una diplomatura en discapacidad y prácticas profesionales, capacitadora del Instituto Provincial de la Administración Pública (IPAP) y reconocida docente y conferencista en la temática.

Spidalieri advirtió que la nueva normativa «se limita a garantizar el pago de prestaciones de salud», pero omite cuestiones fundamentales como el acceso a la educación, el empleo, la vivienda, la participación política y la vida independiente.

“¿Tiene que haber una ley para que se respete la Declaración Universal de los Derechos Humanos? Esa es mi pregunta”, cuestionó.

Desde una mirada crítica y pedagógica, explicó que la discapacidad debe entenderse como una problemática social que puede atravesar a cualquier persona a lo largo de su vida —ya sea por una condición adquirida, una enfermedad o un accidente— y propuso pensarla en tres dimensiones: situación, condición y posición.

“Cualquiera puede encontrarse en situación de discapacidad si el entorno impone barreras que lo limitan”, explicó.

En este sentido, reclamó la necesidad de una política pública integral, que contemple desde el diseño la accesibilidad universal, es decir, que los entornos, servicios y tecnologías sean concebidos desde su origen para todas las personas, sin necesidad de adaptaciones posteriores.

“No se trata solo de incluir, sino de no excluir desde el diseño. Muchas herramientas que usamos cotidianamente —como los celulares con comando de voz— nacieron como soluciones para personas con discapacidad visual y hoy benefician a todos”, destacó.

Asimismo, hizo hincapié en la importancia de implementar ajustes razonables, entendidos como herramientas concretas para garantizar la igualdad de condiciones en diferentes contextos.

“Si mido 1,30 metros y asisto a una entrevista, el ajuste razonable es contar con una silla adecuada y un micrófono accesible. Son acciones simples que garantizan mi derecho a la comunicación”, ilustró, señalando que la falta de accesibilidad constituye una forma de discriminación estructural.

Spidalieri remarcó que “la discapacidad no está en las personas, sino en las barreras que impone la sociedad”, y que no puede hablarse de inclusión real si se siguen sosteniendo estructuras estigmatizantes y excluyentes.

En relación al ámbito laboral, cuestionó el actual sistema de ingreso de personas con discapacidad a la administración pública en la provincia de Buenos Aires, que continúa dependiendo de una comisión médica con criterios hegemónicos y obsoletos. También criticó la vigencia del sistema de talleres protegidos, señalando que la ONU ha recomendado su eliminación por perpetuar modelos segregacionistas.

“Lo que corresponde es garantizar el derecho al trabajo en igualdad de condiciones, no promover la segregación”, afirmó.

Finalmente, la titular del COTOBA llamó a un cumplimiento efectivo de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y exigió una revisión legislativa profunda en todos los niveles del Estado.

“Los legisladores deben sentarse a revisar las leyes vigentes y adecuarlas a los principios de la Convención. Si no hay voluntad política, no hay garantía de derechos”, concluyó.