El Servicio Penitenciario Federal (SPF) quedó atrapado en un mar de excusas al intentar explicar la visita de seis diputados de La Libertad Avanza (LLA) a los genocidas de la última dictadura. Los informes emitidos no mencionaban a los legisladores oficialistas que se reunieron con Alfredo Astiz, contenían nombres incorrectos y mostraban una confusión generalizada. Esta serie de enredos culminó en una denuncia penal presentada por el juez Daniel Obligado del Tribunal Oral Federal (TOF) 5, que fue remitida a la justicia de Lomas de Zamora para su investigación.

El 11 de julio, seis diputados oficialistas llegaron a la Unidad 31 de Ezeiza en una camioneta de la Cámara de Diputados, donde se encuentran Astiz y otros represores de la última dictadura. Los diputados fueron Beltrán Benedit, Guillermo Montenegro, Alida Ferreyra Ugalde, María Fernanda Araujo, Lourdes Arrieta y Rocío Bonacci.

El SPF, bajo la responsabilidad de Patricia Bullrich, tuvo dificultades para explicar esta visita a los tribunales federales. Durante la feria judicial, el juez Alejandro Slokar instó al juez Obligado a investigar la visita a la cárcel. Obligado solicitó informes a Bullrich, quien demoró casi una semana en responder, y en su respuesta defendió a los diputados y atacó a Slokar. La falta de firma de Bullrich y del jefe del SPF, Fernando Martínez, en la respuesta oficial, así como la información incompleta proporcionada, generaron más dudas.

El subdirector del SPF, Diego Morel, envió un informe a Obligado afirmando que los diputados habían ingresado siguiendo las normativas, pero sin especificar quiénes eran o con quiénes se habían reunido. Esto llevó al abogado querellante Pablo Llonto y al fiscal Félix Crous a solicitar una investigación, alegando posibles violaciones al decreto 1136/97 y al artículo 109 del mismo, que regula las visitas a los presos y los motivos de dichas visitas.

El defensor Guillermo Jesús Fanego, abogado de Adolfo Donda y Alberto González, reclamó que se desestimaran las acusaciones, pero Obligado decidió formular una denuncia penal para que la investigue la justicia federal de Lomas de Zamora, bajo la supervisión del juez Ernesto Kreplak.

El juez Adrián Grünberg, del TOF 1 de Buenos Aires, también pidió informes al SPF sobre la participación de Raúl Guglielminetti en la reunión con los diputados. Inicialmente, el SPF afirmó que Guglielminetti solo había recibido visitas de su esposa y amigos, pero tras insistir, Grünberg recibió una respuesta que incluía a los diputados Guillermo Montenegro, Rocío Bonacci y Lourdes Arrieta, omitiendo otros nombres y generando más confusión.

La revelación de estas inconsistencias por parte de Página/12 llevó al SPF a corregir la información enviada a Grünberg. Si la investigación avanza, podría implicar a Bullrich, quien justificó la visita de los diputados argumentando que hay una «construcción de libertad» en el país desde la presidencia de Javier Milei. Bullrich ha mostrado señales de apoyo a los sectores pro-impunidad, lo que podría complicar aún más su situación.

 

Petri envío  funcionarios a visitar genocidas

 

Dos visitas oficiales sucedieron en el penal número 34, donde se encuentran 62 represores como Juan Simón y el sacerdote Von Wenreich, culpable de siete secuestros seguidos de tortura y homicidio. Los enviados por Patricia Bullrich fueron el subsecretario de Planificación Estratégica y Política Militar, Guillermo Madero, y el director de Derechos Humanos, Lucas Erbes. La visita se realizó bajo el pretexto de inspeccionar «el estado de las instalaciones». Después de esta visita, realizada el 7 de marzo, los funcionarios regresaron con un proyecto de decreto que busca que se caigan las causas en trámite. Ellos apuntan al «plazo razonable», es decir, que el tiempo para que un delito sea perseguido no pueda exceder los 25 años. Quieren que Javier Milei firme este decreto.

 

 

Ocho días después del encuentro, sucedió una segunda visita, esta vez por parte de los diputados Beltrán Benedit y Alida Ferreyra Ugalde. Al salir del penal, uno de ellos interactuó en las redes sociales con la hija de uno de los represores, dejando en claro que era un honor haberlo conocido y que se estaba trabajando para su pronta liberación.