La Cámara de Diputados avanzó este martes en el tratamiento de dos iniciativas que profundizan la tensión institucional entre el Congreso y el Gobierno nacional. Por un lado, la oposición logró sacar despacho de comisión para el pedido de interpelación a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, en el marco del escándalo por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). Por otro, se avanzó en el debate de la reforma de la ley de Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU), que ya cuenta con media sanción del Senado.

El dictamen de mayoría fue aprobado en el plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Salud, con el respaldo de 41 diputados de Unión por la Patria, Encuentro Federal, Democracia para Siempre, Innovación Federal y Coherencia. La iniciativa convoca a Karina Milei y al ministro de Salud, Mario Lugones, para que brinden explicaciones sobre los audios filtrados por el exdirector de ANDIS, Diego Spagnuolo, en los que se denuncian presuntos pagos ilegales y se mencionan a funcionarios del Ejecutivo.

El pedido se formalizó bajo el artículo 204 del reglamento de la Cámara Baja, que habilita a los diputados a citar a ministros y secretarios, aunque no se invocó el artículo 71 de la Constitución Nacional, que permite al Congreso convocar a ministros.

Desde La Libertad Avanza y el PRO se presentó un dictamen de rechazo, mientras que la Coalición Cívica propuso una alternativa que excluye a Karina Milei y cita en su lugar al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, ya interpelado por el caso de la criptomoneda $Libra.

En paralelo, un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Peticiones, Poderes y Reglamento, presididas por Nicolás Mayoraz (LLA) y Silvia Lospennato (PRO), avanzó con el tratamiento de la reforma de la ley de DNU. La oposición busca emitir dictamen el próximo 30 de septiembre para llevar el proyecto al recinto en los primeros días de octubre.

La iniciativa, impulsada por la ex presidenta Cristina Kirchner, propone que los DNU solo queden aprobados si reciben el aval de ambas Cámaras por mayoría absoluta de los presentes, en un plazo de 90 días. De no cumplirse ese requisito, el decreto quedaría sin efecto.

Durante el debate, la diputada Mónica Litza (Frente Renovador) cuestionó el uso sistemático de los DNU por parte del Gobierno de Javier Milei, señalando una “desproporcionalidad” en el mecanismo legislativo y denunciando que el Ejecutivo utiliza los decretos para gobernar y los vetos para bloquear iniciativas del Congreso.

Las iniciativas se enmarcan en un clima de máxima tensión entre la Casa Rosada y el Congreso, luego de que el Gobierno promulgara la ley de emergencia en discapacidad pero suspendiera su aplicación a la espera de precisiones parlamentarias sobre su financiamiento. En respuesta, bloques opositores como el kirchnerismo, Encuentro Federal y Democracia para Siempre impulsaron mociones de censura contra el jefe de Gabinete.