Diputadas y diputados de diferentes espacios políticos ratificaron su apoyo en una mesa de trabajo junto a representantes de organizaciones sociales para impulsar lo antes posible la sanción del proyecto de Ley de Emergencia Alimentaria.

“Queremos resolver el hambre de nuestros pibes y pibas, ellos son los que sufren de forma más cruda las consecuencias de estas políticas económicas”, aseguró Lucila De Ponti, diputada nacional del Movimiento Evita, quien destacó la necesidad de instalar este debate en la agenda de las prioridades del Congreso.

“La alimentación de los niños y niñas del país se ha deteriorado, el 43% de los que asisten a comedores tiene malnutrición, no nos vamos a resignar a eso”, aseguró el diputado nacional de Libres del Sur Federico Masso, otro de los impulsores del proyecto, quien se mostró confiado en que la Ley llegue al recinto.

A su tiempo hicieron uso de la palabra Gildo Onorato (CTEP), Daniel Menéndez (Barrios de Pie), Luciano Nardulli (CCC) y otros miembros de las organizaciones sociales que impulsan la sanción de la emergencia alimentaria y que llevarán el reclamo a las calles el próximo lunes 7 de agosto, desde el santuario de San Cayetano de Liniers hasta Plaza de Mayo. Todos coincidieron en señalar la importancia de repetir lo que se logró con la Ley de Emergencia Social.

Participaron del encuentro el senador Juan Manuel Abal Medina y los diputados Cecilia Moreau, Julio Raffo, Azucena Ehcosor, Aracely Ferreyra, Leonardo Grosso, Victoria Donda, Natalia Gonzalez, Diana Conti y el economista Daniel Arroyo, al tiempo que manifestaron su apoyo Alcira Argumedo y miembros del bloque del Partido Justicialista.

Más sobre el proyecto de Ley

Entre los puntos principales de la iniciativa se destaca que el Estado garantice los requisitos nutricionales de niños y jóvenes para una alimentación completa y saludable, reforzando al doble las partidas destinadas a comedores y merenderos y garantizando el acceso a una Canasta de la Economía Popular (CAEP) para familias en situación de vulnerabilidad. Esto contempla en principio una reasignación presupuestaria por 10 mil millones de pesos. También se busca poner énfasis en controles de salud y educativos para prevenir casos de desnutrición infantil, al tiempo que se compromete a promover y desarrollar a pequeños productores y agricultores familiares para satisfacer esa demanda de alimento.