Con la intención de establecer el régimen de juicio por jurados para determinar las penas en algunos delitos, la Cámara de Diputados se reunió este martes en un nuevo encuentro que discute las reformas que cuentan con el apoyo del Gobierno para transformar la Justicia nacional.

Otros dos debates ocurrieron en el plenario de comisiones de Justicia, Legislación Penal y Presupuesto y Hacienda: la modificación del Código Penal con respecto a la reincidencia, la reiterancia y la unificación de delitos; y la incorporación del artículo 23 bis sobre el secuestro de armas de fuego, que establece un plazo máximo de seis meses para definir el restituir o destruir munición o armamento incautado. Este último proyecto obtuvo dictamen.

Existen once provincias que hace años aplican el régimen de juicio por Jurados y existen coincidencias entre los distintos proyectos presentados en la necesidad de implementarlo. La única variante es la modalidad del sistema que se establecerá: se discute entre un jurado popular de 12 miembros civiles con paridad de género o un jurado escabinado, que combina magistrados y personas que no sean profesionales del derecho. La primera de estas alternativas contaría con mayor respaldo legislativo.

Aunque el oficialismo no presentó propuesta, el Secretario de Justicia Sebastián Amerio argumentó que «no hay ningún tribunal judicial más independiente e imparcial que el jurado: de sus veredictos no dependen ni sus ascensos ni sus carreras judiciales». «Los ciudadanos no comprenden las absoluciones y las condenas de jueces técnicos y muchas veces existe la sensación de que no existe justicia. Esto genera recurrentes crisis severas de legitimidad; pero cuando un jurado popular es el que da el veredicto, la confianza en esa decisión es inmensamente superior», afirmó.

Acuerdos en juicios por jurados

Los especialistas convocados al plenario de comisiones remarcaron su acompañamiento al establecimiento de un régimen federal de juicio por jurados. En ese marco, Víctor del Río, presidente del Superior Tribunal de Justicia de Chaco (en donde existe este sistema) señaló que «muchas de las excusas para que no se implemente este sistema era que ‘no hay plata’. La plata está muy bien gastada, hemos recuperado la confianza de los ciudadanos».

«Estamos a punto de hacer realidad una ley tan ansiada por nuestros constituyentes, cuyas características fundamentales han sido validadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos», dijo Andrés Harfuch, del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP). El abogado Julián Alfie valoró que esta es «la ley más significativa de toda la agenda de reforma judicial que todos los gobiernos han propuesto durante años. Los juicios por jurados abordan la desconfianza de la ciudadanía hacia las decisiones judiciales”.

Entre los distintos bloques existirían acompañamientos a uno de los proyectos de la Unión Cívica Radical, que establece un juicio por jurados de 12 miembros civiles con paridad de género (lo que se conoce como jurados populares) para todos los delitos con pena en abstracto de 5 años. Deberán dar un fallo unánime. Aunque existen otros siete proyectos, la mayoría de los autores de las demás iniciativas expresaron su voluntad de acompañar la redacción del diputado Fernando Carbajal.

Dictamen en reforma de ley de armas de fuego

En un segundo tramo del debate, los diputados presentes -cuyo número mermó cuantiosamente por su coincidencia con el horario de un partido de fútbol de la Selección argentina- consensuaron un dictamen para incorporar el artículo 23 bis sobre el secuestro de armas de fuego, que propone un plazo semestral para destruir munición incautada o devolverla a sus propietarios en caso de que la investigación judicial determine su inocencia.

El autor del proyecto, el bonaerense Matías Molle (Unión por la Patria), explicó que «la gran mayoría de estas armas se encuentra con las causas resueltas pero los jueces no la mandaban a destruir y no se podía avanzar» y que «este proyecto viene a resolver a situación que hoy existe y se puedan sacar a las armas de circulación». «Estas armas después terminan en la calle, porque una de las grandes bocas del mercado negro de armas de fuego son los depósitos», agregó.

Tanto los legisladores Marcela Campagnoli (Coalición Cívica) como Álvaro Martínez (La Libertad Avanza) expresaron sus coincidencias, con observaciones al respecto de las formas en la redacción del texto.