La Cámara de Diputados aprobó minutos antes de la medianoche y giró al Senado el proyecto del Poder Ejecutivo que limita la responsabilidad del Estado y lo desliga de los daños que puedan producirse a través de las prestadoras de servicios públicos.

La votación, ajustada, resultó favorable a la propuesta del Gobierno con 129 respaldos, 105 rechazos y dos abstenciones. Tras el desenlace de la iniciativa, la Cámara tenía previsto continuar con la sesión especial en la madrugada, para abordar el proyecto que sube los impuestos a los vehículos de alta gama, embarcaciones y aeronaves, además de otras propuestas sin disidencias.

El Frente para la Victoria consiguió la aprobación pese al fuerte rechazo de la oposición, que durante el debate criticó que la cuestión no se zanjara dentro del nuevo Código Civil y coincidió en que el Gobierno busca una "autoamnistía" para sus funcionarios.

Los bloques antikirchneristas también cuestionaron que Nación "invite a adherir" al proyecto a las provincias, al considerar que podría haber reglamentos diferentes para casos similares dentro del país.

Tras diez horas de discusión, a cargo del cierre del debate del Frente para la Victoria estuvo el vicepresidente del bloque, Pablo Kosiner, quien señaló que la iniciativa del Gobierno "tiene base constitucional, que es más importante que discutir si está dentro del Código Civil o no".

"La Constitución nos habilita a lo que estamos haciendo", remarcó el salteño. En tanto, defendió la potestad de los legisladores de las provincias y la Ciudad de Buenos Aires para dictar sus propias leyes: "No le vamos a sacar la libertad de opinar".

En contraparte, el titular del bloque radical, Ricardo Gil Lavedra, en su último discurso al frente del espacio, sostuvo que "probablemente esta ley sea declarada inconstitucional, porque va a obligar a los ciudadanos a tener que recurrir al peregrinaje de la justicia".

"¿Qué va a pasar si una provincia establece que tiene una reparación integral y otra solo daño directo inmediato?", se preguntó Gil Lavedra, al señalar que cada distrito "va a ser libre de legislar y los ciudadanos van a tener soluciones distintas según el lugar donde vivan".

En el inicio del debate, la diputada oficialista Diana Conti, encargada de defender el texto, consideró que esta iniciativa está "protegiendo al Estado de la ambición depredadora de la industria del juicio". En el caso de los servicios públicos, Conti aclaró: "Como las concesionarias no son cuadros de la administración estatal, serán ellas las que deberán reparar daños".

No obstante, señaló que tendrá responsabilidad el Estado en el caso de que se hubieran elegido las prestadoras de forma fraudulenta o sin diligencia. A su turno, el legislador del PRO, Pablo Tonelli, evaluó que este proyecto "haría volver al país 100 años atrás en la lucha por la responsabilidad de los funcionarios".

"Esta ley no va a servir para hacer al Estado mas responsable, sino para hacer irresponsables a los funcionarios que se equivocan en su tarea y que por negligencia, culpa o dolo provocan un daño", sostuvo el macrista. La diputada de la Coalición Cívica Elisa Carrió, en tanto, afirmó que si se aprueba esta norma "va a ser declarada inconstitucional", al tiempo que indicó: "Estamos asistiendo al quiebre del estado de derecho".

Ademas, dijo que forma parte del "acuerdo" que denunció entre el Gobierno y el titular de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, que en principio -según Carrió- había sido por la ley de Medios. El jefe de los socialistas, Juan Carlos Zabalza, agregó: "Estamos frente a un proyecto para nosotros inaceptable, por la decisión del oficialismo de restringir la responsabilidad del Estado por los daños que sus funcionarios o sus concesionarios, por actos ilegítimos, causen a los particulares".

La norma fija la responsabilidad del Estado "por los daños que su actividad o inactividad produzca a los derechos o patrimonio de las personas". En el caso de los servicios, asegura que "no debe responder, ni aún en forma subsidiaria, por los perjuicios ocasionados por los concesionarios o contratistas de los servicios públicos a los cuales se les atribuyan o encomiendo un cometido estatal, cuando la acción o omisión sea imputable a la función encomendada".

Para los casos de demanda en su contra, el Estado admitirá un plazo de "tres años computados desde la verificación del daño".

Capitanich prometió que irá una vez por mes al Congreso

El jefe de Gabinete se presentó en el Senado para reunirse con los titulares de los bloques legislativos de las diferentes fuerzas. "En democracia, el diálogo no necesariamente significa consenso", afirmó

Capitanich afirmó este miércoles por la tarde que acordó con los jefes de bloques del Senado una "metodología" para su exposición mensual en ambas cámaras del Congreso y discutió aspectos relacionados con la reforma y unificación del Código Civil y Comercial.

"Hemos acordado una mecánica en la Comisión de Labor Parlamentaria para cumplir el artículo 101 de la Constitución, que ordena venir (al jefe de Gabinete) una vez por mes a cada cámara en forma alternativa", dijo Capitanich a la prensa, tras participar de un encuentro en el que estuvieron el vicepresidente Amado Boudou; la presidenta provisional del Senado, Beatriz Rojkés de Alperovich, y los presidentes de todos los bloques del Senado.

El funcionario nacional señaló que en el encuentro acordó con los senadores que sus exposiciones mensuales serán de entre "20 y 40 minutos, sin demasiado reglamento, con una agenda comprometida entre las distintas bancadas" y sostuvo que se trató de una "muy buena y fructífera reunión". Según sus palabras, lo que se busca es un "sistema de debate interactivo, que sea amplio, plural y democrático y nos permita abordar los enfoques múltiples que podamos tener, desde la oposición y desde el oficialismo".

"Es el inicio de un canal de debate público y sabemos nosotros que en democracia no necesariamente el diálogo significa consenso o estar de acuerdo en todo los puntos de vista, sino que para eso tenemos que tener un ámbito y el ámbito es el Congreso de la Nación", expresó.

Por la mañana, juraron los senadores nacionales electos en los comicios de octubre

Los senadores prestaron juramento en sus bancas en una ceremonia que se desarrolló en el Senado de la Nación, encabezada por el vicepresidente Amado Boudou. Capitanich acordó con los jefes de bloque mecanismos para asistir "una vez al mes" al Congreso.

De los 24 senadores electos, 20 cumplieron con el ritual de la jura. Los tres legisladores por Salta no pudieron hacerlo debido a impugnaciones no resueltas por la justicia electoral local, mientras que Daniel Brué, del Frente Cívico por Santiago del Estero, no se presentó en el recinto.

Gabriela Michetti, la senadora electa por el PRO de Mauricio Macri, fue la primera en prestar juramento y la única que cumplió el trámite desde su banca, rodeada por su familiares y asesores, debido a que está en sillas de ruedas.

El jefe del bloque de senadores del oficialismo, Miguel Pichetto, reelecto por la provincia de Río Negro, fue el legislador más ovacionado en un acto que se caracterizó por la sobriedad.

Los aplausos a Pichetto, que estuvo acompañado por su esposa y su hija en el momento de la jura y por el gobernador de Río Negro Alberto Weretilneck, motivaron una broma de Boudou, quien aprovechó la ocasión para ironizar sobre los habituales pedidos de Pichetto durante las sesiones para que no haya exclamaciones ni aplausos.

La mayoría de los legisladores prestó juramento sobre la Biblia y acompañado por familiares y amigos más cercanos, aunque hubo algunos que eligieron como compañía a sus referentes políticos.

Fue el caso del senador del Movimiento Popular Neuquino, Guillermo Pereyra, que estuvo escoltado por el líder de la CGT disidente, Hugo Moyano, y el gremialista de los "canillitas", Omar Plaini, además de su familia.

Angel Rozas, por la UCR de Chaco, pidió que lo acompañen en ese momento su esposa y el titular de la Auditoría General de la Nación, Leandro Despouy, un dirigente de origen radical.

El senador de UNEN por la Ciudad, Fernando "Pino" Solanas, uno de los pocos legisladores que no juró sobre la Biblia, se acercó al estrado seguido por su esposa brasileña y su hijastro, con quienes se tomó de la mano en el momento de pronunciar su compromiso.

Casi todos los senadores estrecharon la mano del vicepresidente Boudou tras prestar juramento, pero Diego Santilli, el senador por el macrismo aunque de origen peronista, dedicó efusivos gestos de cordialidad a Pichetto y al senador del FPV Aníbal Fernández, a quienes les levantó el pulgar antes de regresar a su banca junto a Michetti.

El senador por Santiago del Estero, Gerardo Montenegro (Frente Popular) fue el legislador que más acompañantes llevó en el instante de la jura. Trece personas, entre familiares y amigos, lo flanquearon ante el estrado de Boudou.

Previo al inicio de la jura, en el que el Senado aprobó por unanimidad los diplomas de los senadores electos, los bloques de la UCR y el FAP reiteraron su rechazo a la asunción de Montenegro por haber sido impugnado ante la justicia electoral.

Alfredo De Angeli, otro de los nuevos rostros que tendrá el Senado desde el 10 de diciembre, juró junto a su familia y fue uno de los pocos que optó por hacerlo en memoria -dijo- de sus padres y por "los principios y los valores" que ellos le enseñaron.

La ceremonia comenzó pasadas las 10.30 en el recinto de la Cámara alta, tras el izamiento de la bandera por parte del senador por Santa Fe, Carlos Reutemann.

Eduardo Aguilar (FPV-Chaco), Rosana Bertone y Julio Catalán Magni (FPV-Tierra del Fuego), Cristina Fiore (FPV-Salta), Marcelo Fuentes (FPV-Neuquén), Silvina Garcia Larraburu (FPV-Río Negro), Pedro Guastavino (FPV-Entre Ríos) y Ada Iturrez de Capelini (Frente Cívico del Santiago) también prestaron juramento.

También pasaron por el estrado Sigrid Kunath (FPV-Entre Ríos), María Inés Pilatti (FPV-Chaco), Lucía Crexel (Movimiento Popular Neuquino) y Magdalena Odarda (Frente Progresita por Río Negro).