La confirmación de la condena a Cristina Fernández de Kirchner por hechos de corrupción durante su gobierno es un hecho que nos involucra a todos. Es, sin dudas, un hito institucional en el que la división de poderes que establece nuestra Constitución Nacional se manifiesta con toda su fuerza.

Para algunos, se trata de un signo de madurez republicana. Para otros, de una persecución política. Pero más allá de las posturas, lo cierto es que el fallo —quiera cuestionárselo o no— reafirma que, en democracia, todos somos iguales ante la ley.

Por eso, más que celebrar, deberíamos reflexionar. No hay nada que festejar cuando una expresidenta es condenada por encabezar un sistema de corrupción organizada en el ejercicio de su mandato. La confirmación de la sentencia no solo es una mancha sobre su persona, sino también un espejo que nos obliga a mirarnos como sociedad. Porque los liderazgos no surgen de la nada: son legitimados en las urnas, sostenidos en el tiempo y, muchas veces, blindados por un entramado social, cultural y hasta mediático que naturaliza lo inaceptable y potencia una militancia extremista y ciega que, provenga de donde provenga, nunca es buena.

Debemos interpelarnos como sociedad cuando ponemos en jaque al sistema de justicia cada vez que sus sentencias alcanzan a alguien de «los nuestros», mientras que, al mismo tiempo, aplaudimos a ese mismo sistema cuando cae sobre «los otros». Así no funciona una república. Así no se fortalece la democracia. Al contrario: esa doble vara erosiona la credibilidad institucional y alimenta una cultura cínica y polarizada, donde la ley se convierte en una herramienta de facción.

Es una enfermedad que los argentinos padecemos sin darnos cuenta. Es la enorme deuda que toda la dirigencia política tiene con la ciudadanía. Argentina carece de políticas de Estado porque, en 40 años de democracia, nuestros representantes no han sabido —o no han querido— construir consensos básicos en materias que deberían estar saldadas: economía, salud, defensa, educación, seguridad. Con discursos vacíos, cargados de oportunismo, nos condenaron a vivir en un péndulo permanente, donde cada nuevo gobierno destruye lo anterior, llevando sus ideologías al extremo y convirtiendo al adversario en enemigo. La famosa grieta, que bien supo definir Jorge Lanata.

Mientras tanto, en las esferas del poder, las componendas, el reparto de privilegios y la corrupción siguen su curso a espaldas del pueblo.

Este 2025 suma a ese contexto político la presencia de un año electoral complejo. A la actual oposición no se le ha escuchado ninguna autocrítica seria. Por el contrario, redobla la apuesta por fórmulas y discursos que los argentinos ya rechazaron en las urnas. Por su parte, el oficialismo no ha logrado barrer con las prácticas ni con los personajes que representan la política sucia del pasado. Es más: en algunos casos, les ha permitido alcanzar lugares de decisión dentro de sus filas, abriendo la puerta a una peligrosa forma de gatopardismo, donde todo cambia para que nada cambie.

En definitiva, Argentina vuelve a caminar al borde del precipicio, con una bomba de tiempo encendida: los extremos ciegos que alimentan el conflicto social permanente y nos alejan cada vez más de la república que queremos.

Muestra de esto es lo que se vive, desde hace meses, en la provincia de Buenos Aires, donde ambos lados del tablero político repiten lo mismo a espaldas de las verdaderas necesidades de los argentinos. Por un lado, una oposición encerrada en disputas internas por el liderazgo, donde nadie quiere ceder y todos luchan por conservar su cuota de poder sin importar el daño. Quizás por miedo a terminar como Cristina. Por otro, un oficialismo que no logra consolidarse en el territorio más importante del país y que, de la mano de ciertos personajes, ha desatado una ola de rupturas en todos los municipios. Se premia a recién llegados con pasado kirchnerista —muchos con prontuario—, mientras se relega a quienes militaron con compromiso y convicción por el ¿verdadero? cambio.

Alcanzaría, parece, con repetir una frase de Milei o gritar “¡Viva la libertad, carajo!” para ser convertido en “referente”, aún a la sombra de denuncias de corrupción, venta de cargos y acomodos en organismos públicos. Lo más doloroso es el silencio de quienes la ciudadanía —esos leones que despertaron— esperaba otra cosa. Ciudadanía que sigue esperando un cambio real, y que empieza a ver que, si no reacciona, lo único que cambia son las caras, pero no las prácticas.

Esto va mucho más allá de la condena a una líder política. Es, en realidad, un dilema histórico en el que nos jugamos la oportunidad de determinarnos de una vez por todas como una verdadera Nación, o de condenarnos eternamente a ser una sociedad fallida, que siempre culpa a otros por lo que no se atreve a corregir en sí misma.