Una empleada del Municipio de Morón quedó detenida en el marco de la causa que investiga una organización dedicada a extorsiones digitales que culminó con el suicidio del soldado Rodrigo Gómez, de 21 años, en la Quinta Presidencial de Olivos en diciembre pasado.

La joven, identificada como Karen Yael Cufré, cumplía funciones en la Secretaría de Seguridad local. Se desempeñaba en la Central de Monitoreo Descentralizada de plaza Alsina, en Villa Sarmiento. La Justicia la señaló como parte del apoyo logístico de la banda. En el expediente surgieron elementos que indicaron que parte de los llamados extorsivos al soldado se realizaron desde esa dependencia municipal.

La investigación se presentó en una conferencia encabezada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva; y la jueza federal Sandra Arroyo Salgado, a cargo del caso. Allí se detalló que la estructura criminal utilizó perfiles falsos en aplicaciones de citas para captar víctimas y luego exigirles dinero bajo amenazas.

Según la causa, los jefes de la organización operaron desde cárceles bonaerenses. Tres de ellos cumplían condena en el Servicio Penitenciario Bonaerense y usaron teléfonos celulares de manera ilegal. También contaron con colaboradores en el exterior de los penales. Tras los procedimientos, los trasladaron al Servicio Penitenciario Federal bajo un régimen de alto riesgo. Secuestraron dispositivos vinculados a maniobras de sextorsión.

Desde el Municipio de Morón informaron que Cufré ingresó en 2025 “como personal temporario conforme los procedimientos habituales y sin antecedentes penales al momento de su ingreso, tal como se le solicitara”. La comuna comunicó además su “cesantía inmediata” tras la notificación judicial. La decisión se tomó a comienzos de febrero y el comunicado se difundió cuando el caso trascendió públicamente.

“El Municipio ratifica su plena colaboración con la Justicia para el esclarecimiento de la causa”, expresaron en el parte oficial.

La investigación avanzó tras la muerte de Gómez, integrante del Regimiento de Granaderos a Caballo. El joven recibió amenazas de supuestos policías que le exigieron dinero para “sacarlo limpio” de una causa penal inexistente por contacto con una menor.

El engaño comenzó en la aplicación Evermatch. Allí interactuó con un perfil falso bajo el nombre de Julieta Ayelén Cardozo. Después del contacto inicial, la organización desplegó una maniobra conocida entre los investigadores como “audio del terror”. Una mujer simuló ser la madre de una adolescente y acusó al soldado de ser un “degenerado”. El objetivo fue quebrarlo mediante el miedo a una denuncia penal y al desprestigio ante sus superiores en el Ejército Argentino.

La presión aumentó cuando intervino un falso oficial de la Policía de la Ciudad. Los estafadores usurparon la identidad real del agente Matías Nahuel Conti. Enviaron imágenes de documentación y sostuvieron intercambios constantes para reforzar la credibilidad del ardid. Bajo la promesa de “limpiar” la causa judicial inexistente, exigieron transferencias reiteradas. El joven acumuló deudas y quedó atrapado en un circuito de amenazas.

En las últimas horas se conoció parte del mensaje manuscrito que dejó antes de quitarse la vida. Allí pidió “perdón” por lo que definió como una “estúpida decisión”. También afirmó que no quería “ser una carga” ni “generar más problemas”. En otro tramo escribió: “No es una muerte honorable, sino más bien patética; nunca pensé que mi vida iba a terminar así por una app de citas”.

El expediente ahora busca determinar con precisión el rol de cada integrante de la organización. La detención de la empleada municipal agregó un componente político e institucional a un caso que expuso la vulnerabilidad de las víctimas frente a redes de extorsión digital que operaron incluso desde el interior de las cárceles.