El avance de la causa por presunta corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad abrió una etapa crítica. El fiscal Franco Picardi señaló maniobras que, según su investigación, involucraron direccionamiento de compras, sobreprecios y pagos ilegales, y pidió la indagatoria y detención de varias personas, entre ellas Diego Spagnuolo, extitular del organismo. El juez Sebastián Casanello lo citó para el próximo miércoles y sumó otras catorce convocatorias.

Picardi sostuvo que la causa exhibió señales claras de un circuito ilegal dentro de la estructura estatal. En ese marco, la justicia ordenó la detención de Pablo Atchabahian, imputado en el expediente. Se trata de un urólogo que ocupó cargos en el área de Salud y que quedó bajo arresto domiciliario. La policía no lo ubicó cuando se intentó realizar una requisa en su domicilio, y tras hallarlo en Mendoza se negó a declarar.

A los pedidos de indagatoria se agregaron solicitudes de detención para Daniel Garbellini, exdirector de Acceso a los Servicios de Salud; Miguel Ángel Calvete; Eduardo Nelio González; Lorena Di Giorno y el propio Atchabahian. También se ordenaron allanamientos y el secuestro de dispositivos electrónicos, dinero y documentos vinculados a contrataciones realizadas con firmas como Profarma, Indecomm, New Farma, Floresta, Suizo Argentina y otras proveedoras de medicamentos e insumos de alto costo.

Según el requerimiento fiscal, la investigación reveló “graves hechos de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad”. Picardi sostuvo que detectó un esquema en el que funcionarios y actores externos intervinieron en decisiones clave sobre las prestaciones del organismo. Ese circuito, afirmó, operó sobre el Programa Incluir Salud, destinado a personas con pensiones no contributivas y sin cobertura médica.

Para el fiscal, Spagnuolo “permitió, consintió y supervisó el direccionamiento de compulsas de precios” para favorecer a determinadas droguerías con adjudicaciones millonarias. También afirmó que actuó “a cambio de diversos beneficios económicos indebidos para él”. En esa misma línea, aseguró que tanto Spagnuolo como Garbellini “permitieron que personas ajenas a la ANDIS tomaran decisiones sobre asuntos públicos” y que incluso influyeron en la administración de fondos del organismo. El resultado, según Picardi, fue que “la ANDIS funcionara como una agencia al servicio del interés privado”.

Entre los catorce citados a indagatoria se encuentran exfuncionarios y representantes del sector privado. Otros nombres que quedaron bajo la lupa judicial fueron Roger Edgar Grant, Luciana Ferrari, Federico Santich, Guadalupe Muñoz, Patricio Rama, Ruth Lozano, Andrés Arnaudo, Silvana Escudero y Alejandro Fuentes Acosta. Paralelamente, se ordenaron allanamientos en domicilios vinculados a Sebastián Nuner Uner, Sergio Mastropietro, Julio Viera, Diego D’Giano, Ornella Calvete, Fernando Jensen, Fernando Domínguez y la empresa Baires Fly.

La causa sumó además un capítulo de disputa procesal. Spagnuolo, a través de su abogado Mauricio D’Alessandro, pidió la nulidad del expediente. Alegó que los audios difundidos en su contra violaron su privacidad y que podrían ser falsos o producto de inteligencia artificial. Su defensa planteó que ya existió una causa anterior por hechos similares que terminó archivada, por lo que recurrió al principio de non bis in idem para frenar el avance de la justicia.

Los camaristas de la Sala II de la Cámara Federal deben resolver ese planteo. Casanello ya rechazó la nulidad y mantuvo la investigación en curso. Picardi respondió que su caso no se basó solo en los audios cuestionados. Entre los elementos que aportó, subrayó el decreto en el que el presidente Javier Milei ordenó la salida de Spagnuolo y Garbellini de la ANDIS. El texto presidencial indicó que “por razones de público conocimiento y a fin de que el Poder Judicial de la Nación efectúe las investigaciones que resulten necesarias” resultaba necesario poner fin a sus designaciones.

A la causa se sumaron también las declaraciones testimoniales de Fernando Cerimedo y Agustín Rodríguez. Cerimedo afirmó que Spagnuolo le habló en 2024 de los mismos temas que luego aparecieron en las grabaciones. Rodríguez sostuvo que, antes de una entrevista para su canal, el exfuncionario “estaba preocupado, estaba mal, estaba molesto con ‘Lule’ Menem por la intervención que tenía sobre él en el área de Discapacidad”.

En su exposición ante la Cámara, Picardi concluyó que las sospechas sobre Spagnuolo seguían firmes. Según el fiscal, “no está claro que Spagnuolo no participe de los actos de corrupción. Cuanto menos tuvo la obligación de denunciarlo”.