Aunque Cristina Kirchner posó para una foto junto a Axel Kicillof en los tribunales de Comodoro Py y otra en el Instituto Patria como un gesto de reconciliación política, La Cámpora sigue en una línea distinta y marca diferencias con el gobernador cada vez que tiene la oportunidad. El más reciente enfrentamiento entre el gobierno de la provincia de Buenos Aires y la agrupación liderada por Máximo Kirchner tuvo lugar en el puerto de Dock Sud, un centro de recursos que es motivo de disputa entre tres municipios peronistas: Avellaneda, Lanús y Quilmes.

Los intendentes camporistas Julián Álvarez (Lanús) y Mayra Mendoza (Quilmes) critican a Axel Kicillof por considerar que Carla Monrabal, presidenta del Consorcio de Gestión del Puerto de Dock Sud y funcionaria bajo la administración provincial, no ha hecho lo suficiente para equilibrar en términos presupuestarios a sus municipios en comparación con lo que recauda Avellaneda. Esta ciudad es gobernada por Jorge Ferraresi, un declarado aliado de Kicillof en la interna peronista.

El conflicto, que Álvarez planteó con intensidad en el directorio del puerto —fundamental para el funcionamiento del 40% de los productos que entran y salen del país—, gira en torno a cuántos recursos deberían destinarse a Lanús y Quilmes para “mantener la infraestructura necesaria y evitar que la logística del puerto destruya las calles de los distritos”. En resumen, según los camporistas, el tema radica en que Kicillof debe “asegurar que no haya ciudadanos de primera y segunda” en la Provincia.

El conflicto entre La Cámpora y el gobernador Axel Kicillof tiene tanto un trasfondo político como económico. En el ámbito político, llamó la atención la ausencia de Máximo Kirchner en el Instituto Patria el miércoles pasado, cuando Kicillof fue el principal invitado de Cristina Kirchner para una foto de respaldo del peronismo tras su declaración en la causa del atentado. En el plano económico, los municipios alineados con La Cámpora exigen al menos el mismo nivel de ingresos que obtiene Jorge Ferraresi, el intendente afín a Kicillof, por lo generado en el puerto de Dock Sud. «Es irrisorio, sin fundamentos y extorsivo», respondió el jefe comunal, según fuentes cercanas a su entorno.

«Si Avellaneda recibe dos pesos, nosotros también queremos dos pesos. Uno para Lanús y otro para Quilmes«, señalaron desde La Cámpora. Además, subrayaron que «Avellaneda obtiene ingresos que duplican el presupuesto que el distrito recauda mensualmente» debido a que «cobran una tasa al puerto, que está ubicado en su municipio«. Al examinar con detalle estos ingresos, los camporistas sostienen que la petrolera Shell paga al municipio de Ferraresi aproximadamente 2.000 millones de pesos mensuales en concepto de Seguridad e Higiene.

El directorio del consorcio que gestiona el puerto de Dock Sud cuenta con diversas sillas asignadas: dos directores representan a las empresas, otros dos a los sindicatos, uno a Avellaneda y otro a la región que incluye Quilmes y Lanús. Además, hay un presidente designado por la provincia de Buenos Aires. Durante los últimos cuatro años, esa silla estuvo ocupada por un funcionario que reportaba a Néstor Grindetti, exintendente de Lanús y actual jefe de Gabinete de la Ciudad de Buenos Aires. Actualmente, ese puesto está en manos de Álvarez.

Desde esa posición, Álvarez, exsecretario de Justicia nacional y representante del gobierno kirchnerista en el Consejo de la Magistratura, sostiene que el puerto de Dock Sud «debe asumir la responsabilidad por los daños que provocan los camiones y el tránsito pesado, que afectan tanto a Lanús como a Quilmes, deteriorando calles y avenidas«. La disputa por los recursos municipales se entrelaza con la necesidad de llevar a cabo una obra en el puerto, que sería financiada por la empresa Exolgan.

La administración de Kicillof ahora parece estar apresurada por realizar esta obra, especialmente tras el revés sufrido con el puerto de Bahía Blanca, en medio de la discusión por el Régimen de Grandes Inversiones (RIGI) nacional. «Necesitan esa obra para incrementar los ingresos, pero el gobernador debe garantizar la equidad entre todos los ciudadanos, en lugar de profundizar aún más la desigualdad«, señalaron desde La Cámpora. Con este argumento, el intendente Álvarez votó en contra de modificar el reglamento del puerto de Dock Sud, lo que habría sido el primer paso para autorizar la obra, que implicaría una ampliación del frente costero.

Además de votar en contra, el intendente camporista Julián Álvarez advirtió que «recurrirá a las vías judiciales correspondientes e iniciará una demanda contra el puerto por los daños ocasionados durante tantos años a Quilmes y Lanús». Las fuentes consultadas añadieron: «Actualmente, la persona que ocupa un lugar en el directorio en representación de la región tiene responsabilidades, pero ningún beneficio». Este enfrentamiento, que combina elementos políticos y económicos, pone de manifiesto la desconfianza subyacente entre La Cámpora y Axel Kicillof.

En el puerto de Dock Sud operan más de 30 empresas, incluidas importantes firmas como Raizen, YPF, Dapsa, Tagsa, Antivari, Meranol, Logínter y Exolgan. Fuentes de la terminal señalaron que las operaciones en este puerto representan el 40% de las importaciones y exportaciones del país. Además, expresaron su desacuerdo con el reclamo del camporista Julián Álvarez. «Ha planteado abiertamente que si no recibe la misma cantidad de dinero que la intendencia de Avellaneda, bloqueará todas las inversiones en el puerto», advirtieron las empresas.