El Consejo de la Magistratura dio un paso decisivo en el expediente contra el juez federal Patricio Maraniello. El magistrado, conocido por su resolución que prohibió la difusión de supuestos audios de Karina Milei, quedó bajo análisis de la Comisión de Acusación, que evaluará si corresponde iniciar un juicio político por las denuncias por abuso sexual y maltrato laboral. La decisión desplazó cualquier posibilidad de sanción disciplinaria menor y situó el caso en un escenario de eventual remoción.

El movimiento surgió de la propia Comisión de Disciplina, que había recibido los expedientes en primera instancia. Los consejeros entendieron que la gravedad de las acusaciones exigía elevar el tratamiento. El presidente de la Comisión de Acusación, el senador Luis Juez, remarcó en el encuentro previo que en el organismo “no había un caso que tuviera la prueba que se había acumulado allí”.

El expediente incluyó el testimonio de la denunciante, de empleados del juzgado y de dos camaristas. Estos últimos aportaron detalles sobre un código de vestimenta impuesto por Maraniello, que exigía tacos y minifalda para las trabajadoras del juzgado. Describieron que “nunca” habían visto “nada igual” y mencionaron que en los pasillos del fuero las llamaban “las azafatas de Maraniello”.

Finalmente, nueve consejeros aprobaron la unificación de las denuncias y el pase a la Comisión de Acusación. Votaron a favor Grau, Juez, Vischi, Recalde, Pilatti Vergara, Galderisi, Provítola, Díaz Cordero y Barroetaveña. El único que se abstuvo fue Alberto Lugones, que manifestó su rechazo a dejar asentado ese precedente. En paralelo, una denuncia reciente por retardo en la habilitación de feria quedó fuera de este expediente y seguirá en Disciplina.

El plenario también resolvió cuestiones vinculadas a otros dos casos. En una votación ajustada, la Comisión de Disciplina rechazó el pedido de nulidad del sumario contra la jueza María Eugenia Capuchetti. La magistrada buscaba frenar el avance de la investigación en su contra por el trámite del atentado contra Cristina Fernández de Kirchner. Acusó a la Policía Federal y a exfuncionarios kirchneristas por el borrado del teléfono de Fernando Sabag Montiel, mientras que el kirchnerismo la responsabiliza por ese episodio. Pese al respaldo de algunos consejeros, el voto doble de Grau inclinó la balanza para continuar el sumario.

La reunión también dedicó un largo tramo al caso del juez civil Carlos Goggi. El magistrado declaró la inconstitucionalidad de la Ley 27.423 sobre honorarios profesionales por considerarla “inequitativa”. Esa decisión motivó una denuncia del Colegio de la Abogacía de la Ciudad. La abogada Jimena Latorre reclamó medidas de prueba para establecer si existía “un patrón” de fallos que desconocían la norma “porque no le gusta”. El planteo abrió una discusión intensa entre representantes del estamento judicial y el de los abogados, en un clima de tensión institucional.

Con estos movimientos, el Consejo abrió un escenario de fuerte impacto interno. El avance del caso Maraniello se convirtió en el punto más sensible de la jornada y dejó en claro que la posibilidad de un juicio político quedó instalada en el centro del debate.