La llegada de los libros de Educación Sexual Integral (ESI) a las escuelas de la provincia de Buenos Aires generó un amplio rechazo en todo el espectro opositor al gobierno de Axel Kicillof. A las constantes críticas del PRO y la Libertad Avanza, se le suma una denuncia penal contra el director general de Cultura y Educación, Alberto Sileoni.

En ese sentido, la Fundación Morelli presentó una denuncia penal ante el Departamento Judicial de La Plata contra el funcionario de Kicillof. En el texto, que fue firmado por la presidenta de la Fundación, Bárbara Vaquero Morelli, señalan la presunta violación de varios artículos del Código Penal y de la Ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

Los libros señalados por la fundación son: Cometierra de María José Silveira, Las Primas de Aurora Venturini, Si no fueras tan niña de Sol Fantin, y Las Aventuras de la China Iron de Gabriela Cabezón Cámara.

En la demanda se acusa al funcionario de haber permitido la distribución de material educativo que contiene fragmentos de contenido sexual explícito a menores de edad en establecimientos educativos de la provincia. Los textos, dirigidos a adolescentes de 14 y 15 años y, en algunos casos, a niños más pequeños, contienen pasajes explícitos que, según la denuncia, exceden ampliamente los límites de la educación sexual integral.

Para fundamentar la denuncia, Morelli sentenció: “Consideramos que la exposición de los niños y adolescentes a este tipo de contenido vulnera su derecho a una educación que respete su integridad y desarrollo, y solicitamos que se adopten las medidas necesarias para asegurar su protección”.

La denuncia también solicita medidas cautelares para detener la distribución de estos materiales, además de la citación del denunciado a declarar y el secuestro de los libros cuestionados. Según la Fundación, estos textos no sólo representan un abuso de autoridad al ser promovidos desde un organismo estatal, sino que también infringen artículos del Código Penal que regulan la corrupción de menores y la difusión de material pornográfico.

Esta demanda también llega luego de varias criticas de sectores opositores tanto a nivel bonaerense como nacional. La titular de la comisión de Educación en el Senado Bonaerense, Aldana Ahumada (PRO); presentó en reiteradas ocasiones pedidos de informes para saber el gasto que se utilizó para adquirir los libros.

Por otra parte, la vicepresidenta Victoria Villarruel también alertó sobre esta situación y aseguró: “Los bonaerenses no merecen la degradación e inmoralidad que @Kicillofok les ofrece. Existen límites que nunca deben pasarse. ¡Dejen de sexualizar a nuestros chicos, saquen de las aulas a los que promueven estas agendas nefastas y respeten la inocencia de los niños!”.

Este tuit de la vicepresidenta generó la respuesta de la presidenta del Instituto Cultural de la provincia de Buenos Aires, Florencia Saintout: “Sra Vicepresidenta, el texto que usted publica como «inmoralidad» es de Dolores Reyes, escritora premiada internacionalmente. Usted debe dedicarse a gobernar por el bien común (incluye reconocer la buena literatura) No vamos a permitir censura a la cultura”.