Organizaciones, especialistas y referentes del sector de discapacidad cuestionaron al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por impulsar políticas “estigmatizantes” y denunciaron un fuerte deterioro en accesibilidad, transporte y educación especial durante la gestión de Jorge Macri.

La polémica se desató luego de una campaña oficial sobre supuestos “estacionamientos truchos” para personas con discapacidad. El gobierno porteño informó el levantamiento de 272 espacios reservados y el propio Jorge Macri publicó en redes: “Basta de vivos. Se terminaron los estacionamientos truchos”.

Sin embargo, la información oficial del GCBA muestra otro panorama: el 76% de los casos correspondía a permisos vencidos, deteriorados o fuera de uso; un 11% pertenecía a personas fallecidas; un 9% estaba adulterado; y solo un 4% eran reservas no oficiales.

A partir de esos datos, distintas organizaciones advirtieron que el discurso oficial instala sospechas permanentes sobre las personas con discapacidad y desvía la atención de problemas estructurales que atraviesa el sector.

Juan Manuel Valdés, director general de Políticas vinculadas a poblaciones vulnerables del Consejo de la Magistratura porteño y exlegislador, sostuvo que el sistema atraviesa “una crisis terminal”.

“Estamos frente a una crisis terminal del sistema de discapacidad a nivel nacional y el Gobierno de la Ciudad no toma nota. No existe una política pensada para evitar el cierre de instituciones, el quiebre de prestadores y el deterioro de la atención de miles de personas con discapacidad”, afirmó.

Desde la Fundación Rumbos, dedicada a la promoción de la accesibilidad y el hábitat inclusivo, también apuntaron contra las políticas actuales del Ejecutivo porteño. Cecilia García Rizzo, coordinadora general de la entidad y usuaria de scooter, cuestionó el reciente reempadronamiento obligatorio para mantener el pase gratuito en el subte.

“Se colocan procesos que ponen a las personas con discapacidad bajo una constante sospecha de fraude”, señaló, y advirtió que muchas personas podrían perder el beneficio por falta de difusión oficial.

Además, denunció graves falencias en la accesibilidad del subte porteño. Según indicó, solo un tercio de las estaciones cuenta con ascensores para ambos sentidos y, en muchos casos, esos equipos no funcionan por falta de mantenimiento.

Las críticas también alcanzaron el estado del espacio público. María Rodríguez Romero, coordinadora de Políticas Públicas de Rumbos y madre de una persona usuaria de silla de ruedas, aseguró que la Ciudad “se volvió cada vez más intransitable”.

“Hay baldosas flojas, rampas rotas o mal construidas y cruces peatonales donde no se garantiza continuidad”, explicó, al tiempo que cuestionó que el gobierno haga eje en supuestos fraudes mientras se profundizan los problemas de accesibilidad urbana.

En paralelo, docentes y gremios denunciaron un fuerte ajuste en Educación Especial. Desde la Secretaría de Educación Especial de la UTE alertaron sobre recortes que afectan la formación permanente de jóvenes y adultos con discapacidad.

“Cuando se desfinancian estas escuelas, se debilitan derechos”, señalaron en un comunicado.

Federico Puy, dirigente de Ademys, sostuvo que la administración porteña “ataca a la educación especial y a las familias con discapacidad” y denunció escuelas deterioradas, falta de aulas y ausencia de recursos para garantizar la inclusión.

Las advertencias también llegaron desde la Auditoría General de la Ciudad. Mariana Gagliardi, presidenta del organismo, afirmó que detectaron “un problema estructural muy serio” en el sistema de Educación Especial.

Según detalló, existen cargos docentes sin cubrir, personal trabajando fuera de sus sedes y estudiantes que finalizaron el ciclo lectivo sin acceder a recursos de apoyo fundamentales. Además, cuestionó que el Ministerio de Educación no pueda precisar cuántos alumnos solicitaron acompañamiento ni cuántos efectivamente lo recibieron.

En ese contexto, organizaciones sociales y referentes del sector coinciden en que la situación de las personas con discapacidad en la Ciudad atraviesa uno de sus momentos más críticos, con denuncias por falta de accesibilidad, recortes y políticas que —aseguran— profundizan la exclusión.