Las investigaciones judiciales que involucran a Eduardo “Lule” Menem, asesor de la Secretaría General de la Presidencia, y a su primo Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados, ganaron fuerza en las últimas semanas. Los expedientes en curso abarcan desde contratos con organismos estatales hasta el control de obras sociales y delegaciones del PAMI en varias provincias.

El caso más resonante es el que surgió en Comodoro Py tras una denuncia del abogado Gregorio Dalbón, representante de Cristina Fernández de Kirchner. Se trata de grabaciones clandestinas donde Diego Spagnuolo, exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), habló de un esquema de coimas ligadas a la compra de medicamentos. Según lo que se escucha en esos audios, parte de los sobornos se habría canalizado a través de la droguería Suizo Argentina y habría alcanzado a Karina Milei y a Lule Menem.

Spagnuolo, los hermanos Jonathan y Emmanuel Kovalivker —accionistas de Suizo Argentina— y el exfuncionario Daniel Garbellini ya quedaron bajo la lupa. Los investigadores analizaron sus teléfonos y documentos en busca de pruebas de sobreprecios, cartelización y direccionamiento de contratos.

Desde el oficialismo, las acusaciones fueron rechazadas de manera tajante. El propio Lule Menem sostuvo que se trataba de “una burda operación política del kirchnerismo” y remarcó: “Jamás tuve intervención de ningún tipo en las contrataciones de la Andis. Ni de manera formal ni de manera informal”. Por su parte, Martín Menem calificó los audios como “una monumental operación a dos semanas de las elecciones” y afirmó: “El contenido es falso y pongo las manos en el fuego por Lule Menem y por Karina Milei”.

En paralelo, otro expediente salpicó a la familia Menem a través de Tech Security SRL, una firma de seguridad privada que obtuvo un contrato con el Banco Nación por casi 4.000 millones de pesos. El juez Daniel Rafecas intervino tras una denuncia del dirigente Juan Ricardo Mussa, quien señaló posibles irregularidades en la adjudicación. Martín Menem había cedido sus acciones en la empresa a su hermano Adrián apenas cuatro días antes de asumir la presidencia de la Cámara de Diputados.

El mapa judicial también incluyó a Osprera, la obra social de los trabajadores rurales, intervenida por el Gobierno en 2024. El fiscal Guillermo Marijuan pidió la indagatoria de varios dirigentes tras detectar contratos cuestionados, entre ellos uno firmado con la empresa Htech Innovation. La firma, vinculada a un socio de Martín Menem, recibió pagos millonarios y emitió facturas que llamaron la atención de los investigadores. En los chats recuperados del interventor Marcelo Petroni apareció una frase directa: “Nosotros somos Lule y Karina”.

El frente de causas se amplió además a las delegaciones del PAMI en distintas provincias. Testimonios recogidos en Chaco, La Plata, Misiones y Santa Cruz señalaron pedidos de entre el 10% y el 15% de los sueldos a empleados del organismo. La exdirectora del PAMI en La Plata, Viviana Aguirre, declaró: “A toda persona que entra en La Libertad Avanza le piden entre un 10% y un 15%”. En algunos distritos, los jefes locales fueron desplazados tras las denuncias.

Un nuevo conflicto se abrió con la compra centralizada de lentes intraoculares para cirugías de cataratas en el PAMI. Más de 500 oftalmólogos advirtieron que los valores pagados por el Estado resultaban cinco y hasta diez veces más altos que los precios de mercado. Mientras el organismo defendió el esquema alegando necesidad de trazabilidad, los médicos presentaron facturas y presupuestos para demostrar el presunto sobreprecio.

Las defensas de los Menem insistieron en que todo responde a un armado opositor para desgastar al oficialismo. Desde la Casa Rosada negaron que los primos tuvieran injerencia en la adjudicación de contratos ni en las decisiones cuestionadas. Sin embargo, los expedientes abiertos en Comodoro Py y en juzgados federales del interior se transformaron en un frente judicial y político que amenaza con prolongarse en medio del año electoral.