“Se ha perpetrado un verdadero crimen ambiental”. Así describe el legislador Horacio De Simone las alteraciones geográficas que habrían provocado las obras realizadas por la constructora.

En un minucioso cuestionario, el diputado pide al Ejecutivo de la Provincia, entre otras cuestiones, saber si estaba al tanto del relleno indiscriminado que tapó horquetas naturales y zanjones en el Delta. Y cuántos millones de metros cúbicos de barro extrajeron las dragas de los lechos para tal fin, acción que autorizó el gobierno nacional, según un secretario municipal de Tigre.

La iniciativa, impulsada por De Simone, presidente de la Comisión de Ecología y Medio Ambiente de la Cámara de Diputados, va en sintonía con el pedido del Concejo Deliberante de San Isidro, que el pasado 3 de marzo a través de una resolución le pidió al gobernador Daniel Scioli que articule un Plan Rector para el Desarrollo Sustentable del Delta en resguardo de las costas de todos los municipios ribereños. También le había reclamado las acciones judiciales pertinentes frente al desastre ecológico que denunciaron diversas organizaciones ambientalistas.

El proyecto va al fondo de la cuestión y le pregunta al gobierno provincial “si está al tanto de que la empresa no contaría con la correspondiente aprobación para la ejecución de las obras”. Y continua: “¿Qué organismo público autorizó estos trabajos? ¿Quiénes son los responsables? ¿Se tomó alguna medida al respecto?”.

El documento del diputado De Simone también solicita información sobre la cantidad de proyectos inmobiliarios que se presentaron para desarrollar en el Delta Bonaerense. Asimismo, cuáles de ellos cuentan con la aprobación correspondiente para ejecutar las obras; y de qué organismos municipales, provinciales o nacionales depende la autorización.

Además, el expediente dispara interrogantes tales como: “¿El Ejecutivo Provincial tenía conocimiento de que la constructora pagó apenas $ 30 mil el lote en cuestión, de aproximadamente 360 hectáreas, en 1999 a la empresa uruguaya Better S.A?”. Y explica que esta operación al cambio de la época y con relación a la moneda estadounidense representó menos de 100 dólares por hectárea.

“¿Qué tipo de gestiones facilitaron a la empresa el permiso de Vías Navegables de Nación para el dragado del Canal de Vinculación y el río San Antonio, entre otros?”, reza el documento, que además hace mención a la expulsión violenta que sufrieron los habitantes de las tierras que hoy ocupa Colony Park. Sus viviendas fueron saqueadas y quemadas.

Cabe destacar que semanas atrás el presidente del bloque Acción Vecinal San Isidro es Distinto, Carlos Castellano, señaló una “fuerte inacción por parte del Municipio de Tigre ante este tema y admitió tener ciertas sospechas sobre la complicidad entre esta comuna y el proyecto urbano que lleva adelante Colony Park”.

Viene al caso recordar que la justicia federal de San Isidro frenó este proyecto urbanístico. Y que por gestiones de la comuna sanisidrense, el mes pasado, el Organismo Provincial de Desarrollo Sustentable (OPDS) suspendió por 90 días la audiencia que iba a realizarse el pasado 23 de febrero en el HCD de Tigre; tenía como finalidad informar a la comunidad sobre el polémico accionar de esta empresa.

El OPDS es el ente de control medioambiental encargado de aprobar la evaluación de impacto ambiental previa, tal como exige el artículo 5 la ley provincial N° 11.723. “La Audiencia postergada y el estudio obligatorio ambiental se realizarían sobre una obra con principio de ejecución, que ya produjo daños al medio ambiente; por lo que se trata de un ilícito que no podrá reparase con actos posteriores”, resolvió el Concejo Deliberante de San Isidro.