El diputado nacional Francisco De Narváez recordó que en junio último presentó un proyecto de ley junto a la diputada Graciela Camaño, para “evitar posibilidades de clientelismo y hacer más transparente” lo que en esa iniciativa denomina Asignación Solidaria por Hijo.

El diputado sostuvo que “todo niño debe nacer con derecho a recibir de la sociedad una ayuda monetaria que le asegure la posibilidad de acceder a una canasta básica” y enfatizó que “no puede haber niños con hambre en la Argentina”.

Sobre la polémica generada en torno de los niños que concurren a colegios no estatales (a quienes podrían exluirlos del beneficio), De Narváez consignó que un 20 por ciento de las familias actualmente beneficiarias “mandan sus hijos a escuelas de gestión privada de baja cuota o confesionales” y advirtió que “excluirlos mediante el requisito de escolarización exclusivamente estatal sería condenar a la marginalidad a decenas de miles de familias pobres”.

El Proyecto

El proyecto cuyo tratamiento reclama De Narváez fue presentado en la Cámara de Diputados el 9 de junio pasado, con su firma y la de los diputados Graciela Camaño, Gustavo Ferrari y Natalia Gambaro.

Entre otras cosas, establece que la asignación universal por hijo sea de 250 pesos y se ajuste automáticamente cada seis meses en igual proporción que los salarios.

La iniciativa parlamentaria propone derogar el decreto presidencial de necesidad y urgencia y crear la “Asignación Solidaria por Hijo para la protección social familiar”, destinada a discapacitados y a hijos de grupos familiares de desocupados o con trabajos informales, hasta un máximo de 7 hijos por familia. Incluye a monotributistas sociales y monotributistas de la mínima categoría con ingresos similares al salario mínimo.

Los montos se ajustarán semestralmente según el Índice de Remuneración Imponible de los Trabajadores Estatales (RIPTE), elaborado por la Secretaría de Seguridad Social.

Esta prestación monetaria mensual no retributiva exigirá a los beneficiarios el cumplimiento de los controles sanitarios y plan de vacunaciones de los hijos y la acreditación de su concurrencia a escuelas de gestión pública o privadas con subvención estatal.

Determina el proyecto de ley que la financiación será con los recursos que determine el Congreso de la Nación en la Ley de Presupuesto y atribuye a la Anses el dictado de normas operativas, de control y de pago de las prestaciones. La AFIP, el Registro de las Personas y el Ministerio de Desarrollo Social deberán coordinar con la Anses tareas de control y supervisión de datos.

También se establecen “sanciones penales y administrativas” para los funcionarios públicos que no cumplan con las normas establecidas.

Los beneficiarios de esta Asignación no podrán percibir otra prestación de la Nación, provincias, municipios o la Ciudad de Buenos Aires.

Los fundamentos del proyecto sostienen que al decreto presidencial que puso en marcha la asignación por hijo es un instrumento normativo precario, tratándose de una política social de tamaña envergadura.