LaNoticiaWeb dialogó con el referente gremial de la CGT San Martín, Daniel Garay, de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación y de la Comisión Directiva del gremio de judiciales que conduce Julio Piumato.

Los judiciales fueron los primeros en rechazar la posible reforma laboral.

Esto arranca el año pasado, con el famoso traspaso de la Justicia nacional a la Ciudad. Los primeros fueros en pasar es la justicia penal y después la laboral. Esto sería contrario a los intereses de los argentinos. Con el paso de la Justicia Laboral se busca precarizar aún más la Justicia laboral. La mayoría de las empresas están en la Ciudad de Buenos Aires. Si toda esa estructura, esa mole, que venimos trabajando para que haya mejor calidad de laboral, pasa a una estructura más chica como es el gobierno de la Ciudad. El gobierno nacional busca flexibilizar el trabajo. Que un juicio laboral que hoy tenés a 3 o 4 años, se multiplique. Esto llevaría al trabajador a desestimar de iniciar un juicio laboral contra el empleador.

También se habla de la creación de una Agencia para frenar el juicio contra las obras sociales y las prepagas.

En el último gobierno de Cristina hubo una pequeña modificación con la llamada ley de ART, donde se elimina una de las vías. Vos podías ir por el accidente, el siniestro. Y después podías por la parte civil. Ahora con este gobierno se le intenta dar una supremacía al ente regulador, a la secretaría de riesgo de trabajo. Esto lleva a flexibilizar cada vez más al trabajador. Precarizan el trabajo. Es un gobierno formado por CEOS de las grandes empresas y llevan cada vez más beneficios a sus arcas.

El gobierno tuvo apoyo de gran mayoría de los argentinos. Fue la primera minoría, seguramente no dando estos mensajes. ¿Por qué pensás que se atribuyen la posibilidad de ir con estas reformas?

El gobierno tuvo el apoyo del pueblo pero propone algo ilegítimo. Ellos no lo propusieron en campaña. Nunca hablaron de estas reformas. Sería tirarse un tiro en las patas. Ningún trabajador votaría en contra de sus intereses. Desde el gremio venimos trabajando hace tiempo en este tema. Si la Justicia nacional se pasa a la Justicia de Ciudad, en la Ciudad no existe la figura de la ordenanza. Son todas empresas tercerizadas, y todos sabemos quiénes las manejan. Los mismos del Consejo de la Magistratura. Venimos trabajando esto en plenario. Hay compañeros que viven en el conurbano y dicen que tienen miedo porque en este tipo (por Macri) sale a decir que ganamos $100 mil, temen por su seguridad. También quiero remarcar el tema de la recarga horario: no es que nosotros trabajamos 6 horas. Antes de abrir al público y después estamos trabajando. Hay otra chicana del gobierno.