En los últimos días, el caso de la joven abogada argentina Agostina Páez, detenida y procesada en Brasil, generó un fuerte debate público. Según trascendió, el episodio se origina a la salida de un bar, en medio de una discusión por el pago de una cuenta que habría derivado en un presunto intento de estafa. La situación escaló rápidamente con versiones cruzadas, videos donde se observan gestos discriminatorios por parte de Agostina y gestos obscenos de empleados del local, y finalmente una conducta que la justicia brasileña encuadró como discriminatoria, lo que derivó en su detención formal.

Brasil tiene una legislación particularmente estricta en materia de actos considerados racistas o discriminatorios. No se trata de una contravención menor, es un delito penal con consecuencias concretas, que incluyen prisión efectiva entre 5 y 15 años. Ese marco jurídico, nos guste o no, se aplica sin distinción de nacionalidad. Y eso es lo primero que debemos entender como argentinos: cuando se está en otro país, rigen sus leyes, sus estándares y su sistema judicial. Pretender lo contrario es desconocer una regla básica de convivencia internacional.

Ahora bien, eso no implica renunciar a una mirada crítica. El caso presenta elementos que deben analizarse con prudencia; el contexto de la discusión, el conflicto previo por la cuenta, la conducta de los empleados del lugar (también registrada en video), la rapidez con la que se encuadró penalmente la situación y el uso de las imágenes por parte del gobierno brasileño en una campaña contra la discriminación. En escenarios de alta sensibilidad social, como lo son los vinculados a la discriminación, muchas veces se corre el riesgo de que el proceso quede atravesado por la presión mediática o incluso por intereses políticos. La ley debe ser firme, pero también justa y equilibrada. Y dicho sea al pasar, este tipo de tensiones entre demanda y recursos no nos son ajenas, en Tigre lo vemos a diario con nuestro sistema de salud municipal, que muchas veces debe dar respuesta a personas que no son residentes del distrito, e incluso a quienes ni siquiera viven en nuestro país, lo que genera una presión concreta sobre los recursos que pagan nuestros vecinos y nos obliga a discutir, con seriedad, criterios de prioridad, residencia y reciprocidad.

El caso también nos impone mirarnos hacia adentro. Porque mientras en otros países las normas se aplican con rigor, en la Argentina convivimos con una preocupante apatía en el cumplimiento de la ley. Extranjeros que ingresan sin controles y participan en piquetes, algunos de ellos violentos; personas que acceden a servicios públicos como salud o educación sin ningún tipo de contribución previa; sistemas que terminan siendo utilizados de manera abusiva. Y ese abuso no es abstracto, tiene un costo concreto que recae sobre los argentinos que trabajan, producen y pagan sus impuestos. Se traduce en sistemas saturados, turnos que se postergan, servicios que pierden calidad y una presión cada vez mayor sobre los recursos municipales y provinciales. En definitiva, lo termina pagando cada familia que hace un esfuerzo todos los días para sostenerse y cumplir. A diferencia de lo que ocurre en nuestro país, en muchos países limítrofes no existe este nivel de acceso irrestricto para no residentes y rigen criterios claros de reciprocidad. Tampoco se toleran conductas como cortes de rutas o protestas violentas por parte de extranjeros reclamando beneficios sociales; allí, la ley se cumple y se hace cumplir.

No es casualidad que hayamos llegado a este punto. Durante décadas, el kirchnerismo promovió una lógica de desorden funcional al poder; no fue ingenuidad, fue una forma de hacer política. Se reemplazaron reglas por discrecionalidad, mérito por dependencia y control por conveniencia. El manejo discrecional de recursos, la utilización de planes sociales como herramienta de captación de votos y la ausencia de reglas claras generaron un sistema donde todo vale, siempre y cuando sirva a una lógica de acumulación de poder político. El resultado es el que vemos hoy: un Estado desbordado, ciudadanos que cumplen cada vez más exigidos y una sensación generalizada de injusticia.

Por eso, el desafío es recuperar una idea básica pero indispensable: el orden. No desde el rechazo ni desde la confrontación, sino desde la responsabilidad. Un país abierto no es un país sin reglas, es un país donde las reglas son claras y se cumplen. Defender eso no es ser xenófobo, es tener sentido común. Es cuidar los recursos de quienes los sostienen, es garantizar equidad y es construir una convivencia sana. Porque la verdadera inclusión no se logra permitiendo cualquier cosa, sino asegurando que todos, argentinos y extranjeros, sepan que hay leyes, que esas leyes valen para todos por igual y que en la Argentina el que cumple
no puede ser el perjudicado. Ese es el país que queremos volver a construir