En una nueva audiencia del juicio por la causa Cuadernos, tres empresarios acusados negaron haber pagado sobornos y aseguraron que sus confesiones se dieron bajo presión durante la etapa de instrucción que encabezó el fallecido juez Claudio Bonadio. En el expediente, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner figura como acusada de liderar una asociación ilícita y de incurrir en cohecho.

Los imputados que se presentaron fueron Mario Rovella, titular de Rovella-Carranza, junto con Oscar Sansiseña y Guillermo Escolar, de la firma Cleanosol. Los tres adoptaron una estrategia similar a la que utilizó días atrás Daniel Pitón, también procesado en el caso.

Durante sus exposiciones, los empresarios detallaron que dejaron constancia previa de su decisión de declarar en términos falsos. Rovella explicó que acudió a una escribanía antes de su indagatoria y dejó asentado que lo que iba a decir no era cierto. Sansiseña y Escolar realizaron un procedimiento idéntico. Ambos señalaron que negarían pagos de coimas ante el escribano, aunque luego afirmarían lo contrario ante la Justicia por temor a represalias.

Ante el tribunal, Rovella rechazó las acusaciones. Negó cualquier vínculo económico con el financista Ernesto Clarens. Sostuvo que su declaración original respondió a una situación de “coacción psicológica” y afirmó que le advirtieron que podía perder la libertad si no confirmaba ese relato.

Escolar brindó más detalles sobre el contexto en el que decidió declarar. Indicó que junto a Sansiseña observaron un patrón claro: quienes no admitían pagos quedaban detenidos, mientras que quienes lo hacían recuperaban la libertad. Relató que ambos acordaron una versión común la noche previa a declarar. Admitió que sabía que reconocía un delito, pero explicó que buscó evitar “sufrir lo que sufrieron” otros empresarios.

El directivo también recordó una serie de detenciones ocurridas en agosto de 2018. Mencionó los arrestos de Gustavo Dalla Tea, de otro empresario al día siguiente, y de Hugo Dragonetti, cuya captura tuvo amplia difusión mediática.

En la jornada, Rovella aceptó declarar sin responder preguntas. Escolar sí contestó al tribunal. Otros acusados, como Tito Biagini, José Cartellone, Luis Armani y Juan Bautista Pachela, optaron por el silencio.

A partir de estos testimonios, las defensas solicitaron que se investigue una posible coacción del fiscal Carlos Stornelli. Argumentaron que existieron presiones sistemáticas durante la instrucción. Señalaron que no correspondía avanzar sobre Bonadio debido a su fallecimiento.

La fiscal Fabiana León rechazó el planteo. Sostuvo que la estrategia de las defensas buscó invertir los roles del proceso y convertir a los imputados en víctimas. Afirmó que no correspondía cuestionar el accionar judicial en este tramo del juicio.

El Tribunal Oral Federal 7 dispuso un cuarto intermedio y postergó una definición. El juez Germán Castelli explicó que no detectó una situación de gravedad que justificara una intervención inmediata.

Las denuncias sobre supuestas presiones ya habían sido presentadas ante instancias superiores. Tanto la Cámara Federal como la Cámara de Casación Penal las desestimaron en su momento.

El proceso judicial analizó un presunto esquema de recaudación ilegal vinculado a la obra pública entre 2003 y 2015. El juicio continuó con el foco puesto en las retractaciones y en el impacto que puedan tener sobre la valoración de las pruebas.