La polémica audiencia pública no vinculante por la subestación eléctrica planificada en la intersección del Vial Costero con la calle Bartolomé Cruz, convocada por el ENRE y que reunió en la Dirección de Educación a representantes de Edenor, del municipio – que partieron rápidamente – instituciones y vecinos, generó varias críticas de los presentes.

La Agrupación de Vecinos de Vicente López, en la figura de Víctor Bardeci, manifestó “total oposición a la realización de esta obra en el lugar propuesto”.

Señaló que la convocatoria no contó con la suficiente difusión y que se tuvo poca información previa. Respecto a la obra indicó que “se ubica en las cercanías del área más densamente poblada del partido -1500 habitantes por hectárea - aunque declaraciones de Edenor indiquen que la misma se realiza en un zona deshabitada”.

En ese sentido agregó que “dentro del área cercana a la estación contabilizamos las escuelas Raggio y el Parque de los Niños en Ciudad Autónoma, un importante centro comercial actual que será ampliado, la Escuela de Mecánica de la Armada, edificios de departamentos en Avenida del Libertador y la calle Zufriategui, los asistentes al Anfiteatro Illia y al Centro de Convenciones Arturo Frondizi, el Centro de la Tercera Edad, la futura obra a realizarse en las 7 hectáreas concesionadas para la realización de construcciones con masiva concurrencia de público y una vasta área de la Costa lugar de recreación de miles de personas y que cuenta con un proyecto municipal de construcción de un centro deportivo en reemplazo de Campo Tres”.

También, Bardeci cargó contra la gestión de Enrique García, “(…) los anteriores representantes del municipio, la Provincia y la Nación permitieron obras viales y una densificación alarmante en una pequeña área del partido sin tener en cuenta estudios globales de impacto ambiental serios”.

Remarcó que la “verdadera finalidad” es suministrarle energía a los emprendimientos inmobiliarios de la zona. Por otro lado, se detuvo en los supuestos efectos en la salud de la instalación de la subestación, “vasta información técnica a nivel mundial estudia y alerta sobre la peligrosidad de las ondas electromagnéticas y su influencia” y recordó lo enunciado en la Ley General del Ambiente.

UNIDOS POR EL RÍO

La entidad pidió el llamado a una consulta popular vinculante con amplia difusión y participación ciudadana y de todas las autoridades. No obstante fijó su posición para toda la zona costera: sí a los espacios verdes y públicos, no a la subestación eléctrica contaminante, no al shopping en 6,9 hectáreas públicas, vial costero peatonal permanente, no inicio de los tramos 2 y 3 del vial costero y reapertura del campo municipal 3 en su totalidad.

En cuanto a la audiencia reciente en Florida manifestaron en un comunicado que “según la convocatoria, esta subestación cuyo costo es de más de 35 millones de pesos, sería necesaria para garantizar la energía a los nuevos emprendimientos que desarrolla la empresa Ribera Desarrollos, de Carlos de Narváez y el grupo Carrefour en el proyecto Al Río”. Y destacaron: “Al término de dicha audiencia los vecinos elaboramos un acta en la cual solicitamos su anulación por ciertas irregularidades que se presentaron”.

Sobre la presencia de Sergio Botello, secretario de Obras Públicas, señalaron que “fue lamentable”, y añadieron, “cuando hicimos referencia al shopping y a la necesidad que éste tiene de la subestación eléctrica, expresó que el proyecto del centro comercial no existía”.

A su vez remarcaron que “el funcionario estuvo presente durante las exposiciones del la empresa Edenor; sin embargo se retiró tempranamente cuando se exponía acerca de los efectos electromagnéticos en la salud humana y el ambiente, sin escuchar ni dar respuesta a los vecinos. También es importante destacar la ausencia del secretario de Salud y funcionarios de gestión y salud ambiental”.

Por otro lado mencionaron que los representantes del ENRE, Víctor Agüero y Diego Cubero, adoptaron “una actitud prepotente con los vecinos al pretender limitar el derecho que tenemos de expresar nuestra opinión respecto de la subestación”. También apuntaron contra los técnicos que envió Edenor.

El acta realizada por los vecinos fue incorporada al expediente de la obra. Allí se solicitó la anulación de la audiencia pública y se dejaron asentados los siguientes reclamos: La falta de difusión e invitación a la ciudadanía en general, ONG de la zona, el Concejo Deliberante y OPDS; la incapacidad de los técnicos de Edenor para precisar aspectos y alcances específicos del estudio de impacto ambiental; la falta de comunicación hacia los ciudadanos presentes respecto de las dudas surgidas luego de las exposiciones técnicas de los profesionales de Edenor.

CONCEJAL CARLOS ROBERTO

El socialista, presidente de la Comisión de Ecología y Medio Ambiente, fue uno de los oradores. Posteriormente envió una gacetilla señalando: “En dicha audiencia convocada por el Ente Nacional de Regulación de la Electricidad, participaron los concejales del Frente Amplio Progresista Carlos Roberto, Paola Caputo y Cristina González, representantes de organizaciones vecinales, vecinos y la presencia de dos funcionarios municipales y la defensora adjunta de la Defensoría del Pueblo de Vicente López”.

Coincidió con los vecinos en que los expositores por la empresa eléctrica demostraron “un gran desconocimiento sobre la zona de emplazamiento” y en que “el informe del estudio de impacto ambiental detalla la etapa de la construcción, pero no evalúa el impacto en la zona donde se está construyendo edificios de viviendas y oficinas, un shopping y la presencia del Centro de la Tercera Edad ni el impacto que se producirá en la salud de la población”.

Rescató el análisis del doctor Roberto Marcer, “sobre el impacto en la salud de este tipo de subestaciones en los casos de Rigolleau y Ezpeleta, y los parámetros establecidos por la OMS y en el resto del mundo, cuando el nivel de electromagnetismo admitido en nuestro país es 60 veces superior”.

Relacionado con su exposición cuestionó las trabas puestas por el ENRE para el acceso a la información del estudio de impacto ambiental. Asimismo hizo referencia al impedimento para acceder al decreto del ex intendente García, quien “violando las normas municipales le dio un permiso precario, incumpliendo la urbanización y sin ningún estudio previo y sin autorización del OPDS”.

Además, adhirió al pedio de nulidad de la audiencia pública presentada por los vecinos por las irregularidades que se cometieron durante el proceso.

“Este tipo de obras no tiene licencia social y recorrerá el mismo camino sufrido por el vial costero que tardó 6 años para hacer 17 cuadras y que es una avenida que no tiene conexión y se demuestra su inutilidad”, señaló el edil, y expresó su preocupación por la “actitud pasiva” del Ejecutivo, solicitándoles que “en forma definitiva no se autorice la obra”.