Un pedido de informes en el Congreso puso el foco en operaciones millonarias otorgadas a legisladores y funcionarios. Señalan condiciones irregulares y anticipan que surgirán nuevos casos en los próximos días.
El otorgamiento de créditos millonarios del Banco Nación a dirigentes vinculados a La Libertad Avanza abrió una nueva polémica política. Los diputados Alejandro Carrancio y Santiago Santurio quedaron en el centro de las sospechas, mientras avanza un pedido de informes que busca determinar si existieron beneficios indebidos en el acceso a esos préstamos.
La iniciativa la impulsó el diputado socialista Esteban Paulón, quien apuntó contra un presunto esquema de privilegios. “Es evidente que hay un trato privilegiado para legisladores y funcionarios libertarios. Esto expone la hipocresía y el doble discurso, que a esta altura es en ellos la norma. Hacen uso de recursos y herramientas públicas, que deberían estar al servicio de resolver el déficit de vivienda, para su propio beneficio”, sostuvo.
El caso más comprometido dentro del bloque bonaerense es el de Santurio. El legislador obtuvo en julio un crédito hipotecario UVA por 303 millones de pesos. El monto duplicó la capacidad de endeudamiento que permitirían sus ingresos como diputado, que rondan los seis millones mensuales. A esto se suma otro punto crítico: su condición laboral. Un diputado no cuenta con estabilidad, requisito habitual para este tipo de financiamiento.
Desde el sector bancario plantearon dudas sobre la viabilidad de la operación. “Supongamos que paga la cuota regularmente los próximos dos años, ¿quién sabe qué ingresos tendrá después?”, señalaron fuentes con experiencia en el sistema.
También surgieron interrogantes sobre el aporte inicial exigido en estos créditos. Las normas establecen que el banco financia hasta el 80% del valor del inmueble. En ese esquema, Santurio debió aportar una suma cercana a los 55 mil dólares. No hay confirmación pública sobre ese punto.
El crédito además ya mostró un impacto negativo. Por la actualización de las UVA, la deuda creció y el legislador figura con un nivel de riesgo medio, a pesar del corto tiempo transcurrido desde su otorgamiento.
Carrancio enfrenta una situación similar. Recibió un préstamo de 146 millones de pesos en noviembre de 2024. Hoy, el monto adeudado supera los 200 millones. En el momento de la operación, ocupaba una banca en la Legislatura bonaerense, también sin estabilidad laboral.
Desde el ámbito financiero cuestionaron la sustentabilidad de estos créditos a largo plazo. “Carrancio tiene 49 años, tendrá 78 cuando se cumpla el plazo original, ¿qué margen de refinanciación queda? ¿Quién se hace cargo del quebranto que le generan al banco?”, advirtió un bancario con trayectoria.
Otro caso que generó atención es el de Carolina Píparo, actual directora del Banco Nación. Antes de asumir ese cargo, canceló una deuda con la entidad por unos 60 mil dólares. Ese movimiento ocurrió tras su candidatura a gobernadora, cuya rendición de gastos aún no obtuvo aprobación.
El volumen de los préstamos también llamó la atención. Los créditos UVA se diseñaron para facilitar el acceso a la primera vivienda con montos acotados, pero los casos detectados muestran cifras mucho más altas. Registros públicos indican que no existen operaciones de ese tamaño en otros espacios políticos.
En paralelo, comenzaron a circular distintas hipótesis sobre el origen de estas maniobras. Algunas versiones plantearon que los créditos funcionaron como incentivo político para sumar dirigentes a las filas libertarias. Otras líneas de análisis apuntaron a posibles mecanismos de blanqueo de fondos o a la existencia de una operatoria paralela dentro del banco con aval de autoridades.
Mientras tanto, se espera la publicación de nuevos datos provenientes de la Central de Deudores del Banco Central. Las primeras señales indican que no solo hay legisladores involucrados, sino también funcionarios de menor rango e incluso concejales con endeudamientos millonarios.
Desde el gremio bancario también trazaron un paralelo con antecedentes polémicos. “Javier González Fraga no quería aprobar los préstamos a Vicentín porque veía venir el escándalo. Pero lo citaron de casa de gobierno, lo apretaron y terminó firmando. Acá puede haber algo parecido”, afirmaron.
El avance de la investigación podría ampliar el alcance del caso y profundizar el impacto político en los próximos días.
