El avance del Gobierno para cubrir vacantes en la Justicia volvió a quedar en el centro de la escena tras el regreso del ministro Juan Bautista Mahiques de su viaje a Israel, al que fue invitado por el presidente Javier Milei. En esa gira también participó Karina Milei, figura clave en el armado político del oficialismo y quien impulsó la llegada del ministro al cargo, desplazando la influencia de Santiago Caputo en esa área. Durante el viaje, se terminaron de delinear aspectos centrales de la estrategia judicial que ahora empieza a tomar forma.

A poco de regresar, Juan Bautista Mahiques envió al Senado una nueva tanda de 25 pliegos para cubrir cargos en los tribunales, que se suman a los más de cien ya remitidos previamente, en una ofensiva que busca avanzar con la renovación judicial. La jugada, sin embargo, generó desconcierto tanto dentro como fuera del oficialismo, especialmente por el perfil de varios de los candidatos seleccionados.

Entre los postulantes aparecen nombres vinculados a la agrupación Justicia Legítima, identificada con el kirchnerismo, así como figuras que en el pasado mantuvieron cercanía con la ex procuradora Alejandra Gils Carbó. También se mencionan perfiles asociados a Claudio Tapia y Pablo Toviggino, lo que amplía aún más el espectro de relaciones políticas dentro de la lista. Desde el entorno del ministro rechazan las críticas y aseguran que muchas de esas vinculaciones son “inexistentes” o están sobredimensionadas.

En paralelo, la movida alimentó cuestionamientos en redes sociales y dejó al descubierto tensiones internas, con versiones que hablan de una puja de poder entre Karina Milei y Santiago Caputo. Aun así, desde el círculo presidencial buscaron bajarle el tono a la polémica y relativizar los cuestionamientos.

Dentro del Senado, el peronismo también tomó distancia y negó cualquier tipo de acuerdo con el ministro, rechazando la idea de que existan “guiños” o negociaciones cruzadas con el oficialismo en torno a los nombramientos.

El cronograma legislativo ya está en marcha: el 30 de abril comenzarán las audiencias en la Comisión de Acuerdos, que se extenderán hasta el 14 de mayo. Según los planes del Gobierno, ese proceso debería dejar los pliegos en condiciones de ser aprobados. En paralelo, la ministra Patricia Bullrich busca acelerar los tiempos para que, antes de fin de mayo, se aprueben los más de 70 pliegos correspondientes a la primera tanda enviada.

Los nombres incluidos en las propuestas reavivaron la controversia. Entre ellos figuran Ana Clarisa Galán y María Esther Pinos, postuladas para cargos de defensoría pública, quienes tuvieron vínculos con Justicia Legítima. Desde el oficialismo remarcan que estos roles implican la defensa de personas sin recursos y no inciden directamente en decisiones judiciales de fondo.

También aparecen Juan Manuel Mejuto, propuesto para el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional 8 de la Capital, y Hernán Figueroa, impulsado como defensor en el fuero Penal Económico. Este último fue uno de los firmantes de una solicitada contra la baja de la edad de imputabilidad, una medida promovida por el propio Gobierno. En el caso de Mejuto, cerca del ministro sostienen que las versiones sobre su cercanía con el kirchnerismo son infundadas.

Completan la lista Ángeles Ramos, cercana a Alejandra Gils Carbó y ahora promovida para fiscal general en lo Penal Económico, y Santiago Vismara, también vinculado a la ex procuradora y propuesto para ocupar un cargo como fiscal general en los tribunales criminales y correccionales de la Capital Federal.

En ese marco, la estrategia oficial para avanzar con los nombramientos judiciales no solo enfrenta cuestionamientos de la oposición, sino que también expone tensiones internas y deja interrogantes sobre el rumbo político del Gobierno en un área clave como la Justicia.