Más de dos meses pasaron desde el anuncio de envío de fondos nacionales para atender la seguridad de 24 distritos del conurbano hasta que la provincia oficializó el convenio firmado con la Jefatura de Gabinete de la Nación, por el cual se giran los 10.000 millones de pesos, de los cuales 7.500 se repartirán entre los municipios.

Todavía falta que se rubrique el acuerdo entre el Ejecutivo bonaerense con cada uno de los intendentes, que se firmaría en los próximos días, cuando se aclaren algunas diferencias.

En concreto, nunca se logró disipar del todo la tensión que provocó que los alcaldes negociaran los fondos directamente con el Gobierno nacional, y eso provocó complicaciones ulteriores cuando los jefes comunales debieron negociar con Axel Kicillof y Sergio Berni las especificidades de las compras a lo que se le suma la desconfianza que los jefes comunales tiene con el ministro de Seguridad.

Nación dispuso plata y forma de reparto (por cantidad de habitantes de cada distrito), pero provincia es la que determina qué se puede comprar y bajo qué parámetros. Allí radica el conflicto que está en vías de solución.

Fernández y Kicillof anunciaron el 4 de septiembre el plan integral de seguridad para 24 distritos del conurbano. Los intendentes esperaban cerrar los acuerdos con el gobierno bonaerense cuanto antes, y también se ilusionaban con tener mayor poder de decisión sobre las compras que iban a realizar.

Parte de la tensión surgió porque la administración que encabeza Kicillof elaboró convenios con especificidades que restringen el margen de maniobra de los jefes comunales. Una de esas trabas es que del dinero que le corresponde a cada municipio el 80% debe ir exclusivamente a la adquisición de patrulleros que, por otra parte, deben respetar las especificidades técnicas establecidas por el ministerio de Seguridad.

Del 20% restante, la mitad, además, debe ser usada para el mantenimiento de esos patrulleros, por lo que le queda escaso dinero a las comunas para otros destinos, como cámaras de vigilancia. La mayoría de los responsables de los municipios no terminaron del todo conformes con estos términos del acuerdo, pero las reglas las dispuso provincia.

Además de las molestias de los intendentes por el cercenamiento en la utilización de los recursos, están también las urgencias. “La seguridad es uno de los temas sensibles”, razonó una voz el PJ bonaerense ante La Noticia Web, para graficar la premura con la que los intendentes observan la demora en la llegada de los recursos.

Quienes concentran el diálogo desde la gobernación, son el propio Kicillof, su jefe d Gabinete Carlos Bianco, y el ministro Berni.