La causa que investiga un presunto esquema de corrupción dentro de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) abrió un nuevo capítulo. El juez federal Ariel Lijo dispuso una pericia forense-acústica de máxima complejidad sobre los audios que salieron a la luz en agosto de 2025 y que colocaron bajo sospecha a funcionarios y empresarios vinculados a la compra de medicamentos e insumos ortopédicos.

Las grabaciones atribuidas a Diego Spagnuolo, entonces titular de la ANDIS, incluyeron referencias a un supuesto circuito de retornos que, según el contenido difundido públicamente, alcanzaba niveles superiores del Gobierno nacional. Entre las frases que se conocieron aparecieron expresiones como: “A Karina le llega el 3 % y el 1 % se va en la operatoria” y “Yo hablé con el Presidente. Tengo todos los whatsapp de Karina… Él no está metido, pero es toda la gente de él. Van a pedirle guita a los prestadores”.

El expediente ya produjo importantes avances. Según la investigación del fiscal Franco Picardi, una primera maniobra detectada involucró más de 30.000 millones de pesos, mientras que una segunda línea de pesquisa identificó operaciones presuntamente irregulares por alrededor de 75.000 millones de pesos, con compras cuestionadas y supuestos retornos en concepto de sobornos.

Pese a ello, tanto la defensa de Spagnuolo como la de los propietarios de la droguería Suizo Argentina insistieron en cuestionar la legitimidad de los audios. Los abogados sostuvieron que las grabaciones eran falsas, que presentaban alteraciones o incluso que podían haber sido generadas mediante inteligencia artificial.

Esa estrategia defensiva apuntó también al origen del material. Los planteos incluyeron la posibilidad de que las conversaciones hubieran surgido de una intervención ilegal, lo que a criterio de los acusados debería afectar la validez del proceso.

Sin embargo, tanto la fiscalía como el juzgado remarcaron en distintas oportunidades que los audios nunca fueron incorporados formalmente como prueba dentro del expediente. Los investigadores sostuvieron que las grabaciones funcionaron únicamente como disparador de la investigación y que la causa reunió evidencia independiente para sustentar las acusaciones.

Ese criterio también apareció en una resolución del juez federal Sebastián Casanello, quien procesó a Spagnuolo, a Daniel Garbellini y a varios empresarios farmacéuticos. Allí señaló que “El devenir de este expediente en ningún momento se sustentó en el contenido de aquellos audios”.

Aun así, la Cámara Federal porteña entendió que resultaba necesario despejar cualquier duda respecto de las grabaciones. Los camaristas Martín Irurzun y Roberto Boico ordenaron establecer su origen y autenticidad mediante un análisis especializado.

A partir de esa instrucción, Lijo puso en marcha una pericia con un cuestionario técnico de diez puntos. Uno de los aspectos centrales consiste en determinar si la voz que aparece en los audios corresponde efectivamente a Spagnuolo. Para ello, la fiscalía solicitó que el ex funcionario aporte muestras de voz obtenidas bajo control pericial.

La defensa rechazó ese requerimiento y calificó la medida como improcedente. La negativa llamó la atención dentro de los tribunales federales, especialmente porque los propios abogados sostuvieron durante toda la investigación que las grabaciones fueron fabricadas con inteligencia artificial.

El examen también buscará establecer si existieron procesos de clonación de voz o manipulación digital. Los especialistas deberán analizar indicadores acústicos específicos, entre ellos las microvariaciones vocales, los patrones respiratorios y otros parámetros que permiten distinguir una voz humana de una síntesis artificial.

Además, los peritos tendrán que identificar posibles cortes, inserciones, superposiciones o modificaciones posteriores. La orden judicial exige señalar con precisión cualquier anomalía detectada dentro de las grabaciones.

Otro de los puntos destacados del procedimiento apunta a preservar la integridad de la evidencia. Por pedido de la defensa de la droguería Suizo Argentina, el magistrado dispuso un protocolo de seguridad informática reforzado. Las tareas deberán realizarse sobre copias forenses certificadas y quedará prohibida cualquier intervención directa sobre los archivos originales.

La resolución también obliga a los expertos a informar en detalle los programas utilizados, sus versiones, licencias, sistemas operativos y equipamiento técnico empleado durante cada etapa del trabajo.

Una vez que los especialistas acepten formalmente sus designaciones, el expediente pasará a la Dirección Criminalística y Estudios Forenses de la Gendarmería Nacional, organismo que tendrá a cargo los análisis de laboratorio destinados a resolver una de las principales controversias del caso.

Mientras tanto, en los tribunales sostienen que incluso una eventual detección de alteraciones parciales no modificaría el núcleo de la investigación. La razón, explican, es que la acusación se construyó sobre documentación, testimonios y otras pruebas obtenidas por vías independientes a las grabaciones que originaron el escándalo.