La Cámara de Diputados tuvo esta mañana la primera sesión extraordinaria del año, comenzó con algo de retraso y duró poco más de veinte minutos. Entre los temas más importantes que se esperaba puedan ser tratados en la jornada se encontraba la sanción de la figura del “testigo protegido”, que fuera aprobada la semana pasada en el Senado, pero el expediente será tratado en la próxima sesión.

Al respecto, el titular del bloque de la Coalicición Cívica, Walter Martello, explicó “todos entendíamos que era un proyecto que podía ser aprobado” aparentemente ante una requisitoria de una esfera del poder judicial se decidió postergarlo una semana más y enviarlo a la Comisión de Asuntos Constitucionales para que pronuncie el despacho”.

Por otra parte, acerca del proyecto de Ley que pretende otorgar una jubilación a las “manzaneras”, el presidente del bloque de la Coalición Cívica, Walter Martello, aseguró que “en la reunión de labor no contó con los dos tercios que se requieren para su aprobación” y señaló que “hubo muchas objeciones de la oposición en forma conjunta con lo cual decidieron postergarlo”.

En este sentido, el diputado explicó que “hay una controversia muy fuerte, si de qué se trata si de una jubilación como dice el gobierno o de un subsidio me parece un proyecto técnicamente mal planteado y políticamente muy endeble para que quede a merced de un criterio de otorgamiento en cabeza del Gobernador y sus ministros”. “Nosotros entendemos que cualquier beneficio que se otorgue debe estar perfectamente auditado para que no hay injusticias”, concluyó.

Por otra parte se sancionó con fuerza de ley una iniciativa que dispone que los establecimientos industriales a cerrarse, clasificados como la segunda o tercera categoría, deban obtener la aprobación de la autoridad de aplicación correspondiente. Según explicó el diputado Juan Carlos Juárez, la ley 11.459 “tenía un vacío muy importante” ya que contemplaba una evaluación “del impacto ambiental para saber el Estado qué era lo que puede producir esa empresa” y “lo que no había era una evaluación de impacto de abandono de la empresa par saber qué pasivo ambiental deja una empresa cuando se retira”.

Asimismo el diputado remarcó que “con esto pretendemos que los empresarios no se vayan después por distintos motivos muy alegremente y dejan una empresa que después el estado, municipal provincial o nacional se tiene que hacer cargo de la remediación”.

REFORMA AL CODIGO DE TRANSITO

Respecto de la norma sancionada, los cambios determinan que para el control de velocidad y otras infracciones establecidas en la ley de Tránsito se implementará el uso de radares y otros equipos o sistemas automáticos o semiautomáticos o manuales, fotográficos o no, fijos o móviles, cuya información no pueda ser alterada manualmente.

Entre otras especificaciones técnicas, además, se estipula que todo instrumento o sistema a utilizar en tal sentido deberá ser homologado por los organismos nacionales o provinciales con competencia en el área, conforme lo determine la reglamentación. El Registro Único de Infractores de Tránsito, o el organismo que lo reemplace, será quien autorice el uso de todos estos dispositivos en jurisdicción provincial y municipal.

La señalización deberá ser claramente individualizada por los conductores y tendrá que contener la velocidad máxima a respetar en el tramo comprendido.
En los tramos de semiautopistas o autopistas cuya velocidad autorizada sea el límite máximo no será necesaria la señalización particularizada de los instrumentos y/o equipos encargados del control de velocidad. Sólo deberá colocarse señalización vertical que informe sobre la existencia de controles de velocidad en la arteria de que se trate.