Este miércoles, la justicia de Nicaragua acusó por violación agravada y emitió una orden de captura contra el actor Juan Darthés tras la denuncia de la actriz Thelma Fardin por un hecho que habría ocurrido en ese país en 2009 cuando ella tenía 16 años, él 45 y se encontraban de gira con todo el elenco de la novela Patito feo.

La artista de 26 años hizo pública la acusación en diciembre de 2018 a través de un video y una conferencia de prensa en la sala del Multiteatro, junto al colectivo Actrices Argentinas, que la respaldó. Esta mañana, en el teatro Picadero, el colectivo de actrices que acompañó a Fardin en su denuncia realizó una conferencia de prensa de nuevo junto a sus compañeras tras recibir la noticia.

“Estoy emocionada. Me acabo de dar cuenta cuánto me pesaba esta mochila sobre mi espalda. Aunque continuaba con mi vida, estar esperando novedades de una justicia con tiempos lentos no hace bien. Agradezco al movimiento de mujeres que me permitió sanar, a otros niveles», dijo Thelma Fardin a Infobae, después de recibir la noticia. «Son muy pocas las causas que son elevadas a juicio con una acusación formal. Más allá de mi caso particular voy a seguir trabajando para que sea el sistema el que se modifique”.

El comunicado de Thelma Fardin completo:

Hoy estamos más cerca de la justicia. En la investigación que se llevó a cabo a partir de mi denuncia se concluyó que existe prueba contundente para acusar a Juan Pacifico Dabul por el delito de violación agravada.

Pero este es un caso excepcional, las cifras dan cuenta de una realidad donde abunda la impunidad. El 97% de las denuncias por violación no prosperan, mientras que solo el 1% obtiene una condena.

Romper el silencio tiene costos caros para quienes denunciamos. Aun cuando nos sometamos a todo lo que se nos exige, somo juzgadas y revictimizadas.

El problema es sistémico. El poder judicial no contempla los tiempos de las víctimas. Tampoco ha desarrollado estándares de pruebas para investigar este tipo de delitos. Se condena a las víctimas al silencio y la vergüenza, y se garantiza la impunidad para los atacantes.

Esta denuncia se transformó en un reclamo colectivo. No soy la excepcion, sino la regla. Soy una más de las miles de niñas, mujeres y adolescentes en Argentina, Nicaragua y en otros países de la región, que sobreviven a la violencia sexual. Mi denuncia fue oída gracias a que un amplico colectivo de mujeres se organizó y estuvieron dispuestas a poner el cuerpo para apoyarme. Y sobre todo, gracias a la valentía y resistencia de Calu Rivero, Anita Co y Natalia Juncos que se animaron a denunciar públicamente aunque el sistema judicial no las amparaba. No solo eso, sino que le da herramientas a su victimario para llevarlas a ellas al banquillo de los acusados. Calu debió defenderse en la justicia Civil y afrontar una denuncia por Daños y Perjuicios; y Anita Co fue denunciada en la justicia Penal por Calumnias e Injurias, y, aunque hace dos semanas la jueza decidió sobreseerla, la defensa de Juan Darthes apeló para seguir intentado adoctrinarnos y someternos al silencio.

Juntas logramos hacer de una experiencia personal traumática; un hecho político que se convirtió en el disparador para que muchas se animen a exigir que la impunidad, la crueldad del silencio y la soledad dejen de ser parte de la vida diaria.

A partir de mi denuncia las llamadas al 144 aumentaron un 1240% en sólo 48 horas.

El camino institucional actual que proponen nuestras sociedades frente a la violencia sexual es la intervención del sistema penal, con los innumerables fracasos que hemos señalado. Necesitamos seguir construyendo una justicia feminista, respetuosa de los derechos humanos. Necesitamos que los funcionarios y las funcionarias se especialicen en este trabajo con perspectiva de género y se sensibilicen al momento de atender casos de este tipo. Necesitamos mecanismos que permitan llegar a la verdad y que desarrollen formas de reparación efectivas para que, quienes hayan pasado por esta clase de acontecimientos, puedan sentirse reconocidas y acompañadas, en lugar de juzgadas y estigmatizadas.

El desinterés por investigar es una forma de revictimización que sostiene la impunidad, protege a los agresores y genera daños en las personas que denuncian. Que haya tantos casos sin sentencia, no significa que esas denuncias sean falsas, sino que tenemos un sistema que garantiza la impunidad.

Haremos todo lo posible para seguir adelante y que prevalezca el derecho a la verdad. Tenemos la obligación histórica, política y social de luchar para lograrlo.