Es para asumir al frente del Juzgado de Garantías 1. Afirman que el edil llegó a la terna apuntalado por el intendente. Ahora falta la definición de la gobernadora por decreto como se suele hacer en estos casos. Desde la oposición local repudian el hecho y afirman “es poner a que te controle como poder ejecutivo alguien de tu confianza”.
Si bien aún no se tomó la decisión final todo indica que el concejal de Cambiemos, Nicolás Canario Soto, será el próximo titular del juzgado de Garantías 1 de Morón, en reemplazo de Mónica López Osornio, quien se jubiló de manera anticipada por invalidez hace más de un año. La justicia del oeste está inquieta luego de advertir que el dirigente que responde al intendente Ramiro Tagliaferro está mejor posicionado en la terna que sus otros dos contendientes que tendrían más experiencia que él en los tribunales.
Canario Soto ocupó el quinto espacio en la lista de Cambiemos en 2017 y desde ese momento se convirtió en parte de la mayoría automática del oficialismo en el recinto. De 2015 a 2017, fue secretario de Unidad de Gestión Comunitaria Nº 6 de Morón sur, un espacio caliente donde el entonces concejal macrista, Christian Salinas, le disputó el territorio.
Según le expreso el concejal de Unidad Ciudadana, Hernan Sabbatella, a LaNoticiaWeb “la incorporación en la terna del concejal que responde a Tagliaferro es gravísimo institucionalmente porque significa poner a una persona de tu estructura en el lugar donde te deben controlar como poder ejecutivo, desde el poder judicial”.
Antes de entrar en la política, Canario llegó a ser prosecretario de la UFI Nº 7 de Morón, cuyo titular es el fiscal Matías Rappazzo, presidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales de Morón. El cargo que ocupó en esta dependencia es el más alto previo a ser fiscal.
Según publico el medio Noficciónweb el concejal alcanzó 120 puntos en su exámen, lo mínimo que se exige para ser ternado sobre un puntaje ideal de 200. Los adversarios de Canario tampoco sobresalieron en sus notas. De Canario dependerá la suerte procesal -si van a la cárcel o no- de gran parte de las personas investigadas en Merlo, Morón, Ituzaingó y Hurlingham.
