En una extensa sesión, la oposición juntó sus manos para aprobar un proyecto de organizaciones sociales que buscan urbanizar e integrar 16 barrios de la comuna. El expediente incluye reasignaciones presupuestarias y el oficialismo denunció que es ilegal a las normas de procedimiento. Avisaron que el tema se puede resolver por vía judicial.
En un recinto poblado, la sesión comenzó con discursos de homenaje del concejal Fabián Brest para recordar el Día del Militante Peronista y el Día de la Soberanía Nacional, donde recordó palabras de Antonio Cafiero.
Luego, el radical Carlos Juncos pidió tratamiento sobre tablas de un proyecto para repudiar el Golpe de Estado en Bolivia. Antes, se llegó a un consenso sobre los diversos proyectos en el Orden del Día. El concejal del PRO Rodrigo Seguín, repudió los episodios de violencia en el país vecino, con críticas al gobierno de Evo Morales y presentó un proyecto alternativo. Pero finalmente fue aprobado el despacho emitido por los bloques de la oposición con 13 votos. El expediente repudia enérgicamente y solicita que se reinstaure la institucionalidad en el país vecino.
Desde su banca, el concejal peronista Fabián Brest manifestó que “a veces se intenta defender una postura política desde lugares pocos sostenibles. Algunos todavía dudan de que esto es un Golpe, mucho más cuando la autoproclamada presidenta autoriza a las fuerzas a reprimir hasta las últimas consecuencias. Se tildó a los periodistas de sediciosos. El jefe militar dijo que esperaba la renuncia de Evo Morales. Eso es un pronunciamiento militar. ¿Qué más quieren esperar? No hay ningún tipo de justificación”.
Promediando la sesión, comenzó el debate sobre un proyecto de organizaciones sociales para integrar y urbanizar 16 barrios de San Isidro. La concejal Miño pidió el tratamiento sobre tablas, y desde el oficialismo Fontanet respondió que expedientes que afectan asignaciones presupuestarias no pueden debatirse bajo esa metodología. “Debemos buscar soluciones de fondo, trabajar en Comisión y encontrar consensos”, expresó el edil.
“Votar esta ordenanza, bajo estas circunstancias, es que la cuestión pueda ser judicializada e invalidada. Nos puede llevar a la ilegalidad de la norma”, agregó Fontanet. Y advirtió sobre la posibilidad de incurrir en un delito por “votar una ordenanza que viola normas superiores. El Municipio no cobra impuestos, cobra tasas municipales. Es el pago por una contraprestación. Modificarlas es desvirtuar la naturaleza jurídica. Ojalá en algún momento haya un punto de encuentro para resolver los problemas de estos vecinos, pero ahora adelantamos nuestro voto negativo”.

“El proyecto aclara que estas modificaciones son para el año 2020, no modifica ninguna asignación presupuestaria. Pero no asistieron a ninguna reunión, no hablaron nunca de este tema. Simplemente no les interesa, no quieren tratarlo, y por eso no asisten a ningún ámbito de discusión. Pero vamos a seguir insistiendo”, expresó Miño.
“Nunca un proyecto de estas características tuvo tanto consenso entre las organizaciones sociales como este que buscamos aprobar hoy”, argumentó el vecinalista Manuel Abella. Desde temprano, un gran número de manifestantes se agolpó en la entrada del Concejo Deliberante para acompañar el tratamiento y esperar la aprobación de la ordenanza.
El cierre del debate lo hizo el presidente del cuerpo Andrés Rolón: “Quédense tranquilos, tienen los votos suficientes para aprobar la ordenanza. Pero hay elementos suficientes para que la justicia revoque este procedimiento, circunstancial, que solo pretende llevarse por delante a todos. Hubiese sido más sano poder conversar con los vecinos, entender la normativa provincial y nacional. Llama la atención, ya que unos formaban parte de organismos nacionales que se tenían que hacer cargo y que nunca dijeron nada. Nunca activaron nada. Que extraño es que quieran constituir una mesa donde no figura ninguna norma. Ya tienen el hecho político, pero nosotros seguimos gobernando con el apoyo de la mayoría de los vecinos. Siempre vamos a hacer lo que hay que hacer, y no vamos a avalar una norma anticonstitucional y contraria al reglamento de contabilidad y a la ley orgánica de municipalidades”.
Finalmente, la ordenanza fue aprobada por votación nominal con 14 votos afirmativos de la oposición. El proyecto estipula que se destine el equivalente del 3% al 6% del presupuesto municipal para la integración urbana de los barrios. También que se elaboren proyectos integrales por barrio, con la participación de los vecinos y vecinas y sus organizaciones. Y finalmente, que al menos el 25% de las obras a realizarse se hagan con cooperativas u otros grupos asociativos de la economía popular que privilegien la incorporación de los vecinos y vecinas de los barrios de San Isidro.
Sobre el final de la sesión, se aprobó una ampliación presupuestaria, que será utilizada en su 90% para abonar aumentos de sueldos y bonos de fin de año para los empleados municipales.

