Los datos de inflación de octubre y los de salarios hasta septiembre, publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), permiten analizar el impacto de las decisiones en materia previsional adoptadas por el Gobierno. A pesar del optimismo oficial, se confirmó que, bajo la movilidad anterior, los jubilados hubieran recibido un 21,1% más en diciembre de 2024, en comparación con lo que percibirán según la fórmula vigente implementada por el presidente Javier Milei.

En marzo de este año, Milei derogó la Ley 27.609 de 2021 mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 274/24. La fórmula derogada calculaba las actualizaciones tomando en cuenta la evolución de los salarios (según el índice Ripte o el publicado por Indec, el más beneficioso para los jubilados) y la recaudación de la ANSES, en proporciones iguales. En su lugar, la nueva normativa dispuso una actualización mensual basada exclusivamente en la inflación disponible dos meses antes del pago. Como compensación inicial, se otorgó un aumento único del 12,5% para reflejar el impacto de la inflación de enero.

El retroceso del poder adquisitivo

Aunque la nueva fórmula permitió una mejora parcial en los haberes respecto a los valores mínimos del primer trimestre, el poder adquisitivo sigue por debajo del registrado en el mismo período del año anterior. Esto se observa con mayor claridad al analizar el trimestre septiembre-noviembre de 2024. Bajo la fórmula anterior, las jubilaciones habrían registrado incrementos significativos en este período, reflejando el crecimiento de los indicadores empleados.

La situación varía según el tipo de prestación. Por un lado, las jubilaciones sin bono presentan una caída del 4% en comparación con 2023. Por otro lado, las jubilaciones con bono se encuentran un 13,1% por debajo del nivel del año pasado. Esta diferencia radica en el congelamiento del bono para quienes cobran la jubilación mínima, fijado en $70.000 desde marzo. Mientras que los haberes crecieron un 93,1% entre marzo y diciembre, la mínima con bono incluido sólo se incrementó un 61,2%. Si el bono hubiera acompañado este aumento, alcanzaría los $135.140 en diciembre, en lugar de los $70.000 actuales, representando una pérdida mensual de $65.140 por beneficiario.

Impacto del DNU y su contexto

La modificación de la fórmula de movilidad previsional se implementó estratégicamente. Se derogó el esquema previo tras la significativa pérdida de poder adquisitivo derivada de la inflación acelerada y antes de que este sistema pudiera generar incrementos reales en los haberes. La fórmula derogada, al basarse en indicadores pasados, presentaba cierto rezago en contextos inflacionarios. Sin embargo, también aseguraba mejoras en escenarios de desaceleración de precios. Por ejemplo, las jubilaciones podrían haber aumentado un 33,4% en septiembre y un 24,1% en diciembre con la fórmula previa, frente a los aumentos reales de 13,4% y 10,7%, respectivamente, bajo la nueva normativa.

Perspectivas para los jubilados

De mantenerse el DNU 274/24 y el congelamiento del bono, los jubilados enfrentarán un panorama de estancamiento. Aunque las jubilaciones dejarían de perder frente a la inflación, tampoco se lograría una recuperación del poder adquisitivo perdido. Por el contrario, la Ley 27.756, sancionada este año pero vetada por el Ejecutivo, proponía medidas para mitigar estos efectos. Entre sus propuestas se incluían un aumento adicional del 7,2% para todos los haberes, un haber mínimo equivalente al 109% de la Canasta Básica Total (CBT) y una cláusula de ajuste vinculada al crecimiento económico.

En definitiva, la política actual refuerza el ajuste fiscal, afectando de manera directa a jubilados y pensionados. A septiembre de 2024, estos gastos explicaron el 25,3% del recorte presupuestario del Gobierno, consolidando la tendencia de priorizar el superávit fiscal por encima de la mejora en el bienestar de los sectores más vulnerables.