La provincia de Buenos Aires atravesó los primeros nueve meses de 2025 con un resultado financiero negativo de $1,4 billones. El dato se dio en un contexto de recesión económica y de una fuerte reducción de los envíos nacionales. Pese a ese escenario, la administración provincial sostuvo el gasto público, la inversión y las políticas sociales clave.

Según la Ejecución Presupuestaria del tercer trimestre elaborada por el Ministerio de Economía bonaerense, la Provincia preservó el ahorro corriente aun con un déficit financiero significativo, en un marco de ajuste fiscal a nivel nacional. El informe mostró que los ingresos habituales alcanzaron para cubrir el funcionamiento del Estado, aunque no lograron compensar los pagos de intereses y el gasto de capital.

La administración pública no financiera registró un superávit económico de $264.500 millones, equivalente al 1,1% de los ingresos corrientes. Sin embargo, al sumar los intereses de la deuda y las erogaciones de capital, el resultado primario pasó a un déficit de $520.374 millones, que explicó el rojo financiero total.

Más recursos propios y menos fondos nacionales
Entre enero y septiembre, los ingresos totales alcanzaron los $24,8 billones. El crecimiento nominal llegó al 50% interanual y el aumento real fue del 2,5%. El motor principal fueron los recursos de origen provincial, que subieron 50,6% en términos nominales y 2,9% reales. En contraste, los recursos de origen nacional cayeron 0,8% en términos reales.

Ingresos Brutos volvió a ser el pilar de la recaudación provincial. Cerró el período con una mejora real leve del 0,3%, afectada durante el primer semestre por una base de comparación alta vinculada a ingresos extraordinarios de 2024 que no reaparecieron este año. El impuesto de Sellos mostró un desempeño destacado y más que duplicó su recaudación interanual.

Los tributos patrimoniales exhibieron un comportamiento más débil. El Inmobiliario y el Automotor quedaron rezagados en términos reales. El informe explicó ese resultado por la falta de una Ley Impositiva para 2025, que obligó a emitir cuotas con valores similares a los del año anterior en un contexto inflacionario elevado. Los coeficientes de actualización aplicados durante el año no compensaron la suba de precios y el cambio en los vencimientos distorsionó la comparación interanual.

Aun con esas limitaciones, desde el Ejecutivo provincial señalaron que los principales indicadores fiscales se mantuvieron en niveles cercanos a los de 2023, antes del impacto pleno del ajuste nacional sobre las provincias.

El peso del recorte nacional
Uno de los puntos más sensibles del informe fue la caída de las transferencias corrientes nacionales, que retrocedieron 24,5% en términos reales y acumularon dos años consecutivos de baja. La Provincia atribuyó esa situación a la interrupción de fondos específicos, como el Fondo de Fortalecimiento Fiscal, la eliminación del Fondo Nacional de Incentivo Docente y la falta de aportes para las cajas previsionales provinciales no transferidas.

Ese recorte forzó al Tesoro bonaerense a cubrir con recursos propios gastos que antes financiaba la Nación. Salarios, asistencia social y obras en ejecución concentraron ese esfuerzo. En ese marco, el gobierno provincial reiteró el reclamo por la deuda nacional, que estimó en torno a los $15 billones, con pasivos directos, obras públicas paralizadas y programas discontinuados o demorados.

Gasto, inversión y emergencia climática
El gasto total ejecutado ascendió a $26,2 billones, con un incremento interanual del 54,1%. Los gastos corrientes avanzaron en línea con los ingresos, mientras que los gastos de capital mostraron un crecimiento real del 33,3%, impulsados por la inversión provincial.

El mayor peso del gasto recayó sobre salarios y prestaciones sociales. El gasto en personal subió 48,3% interanual y las prestaciones previsionales aumentaron 57,9%. Las transferencias corrientes también tuvieron un rol central, con un alza del 48,3%, e incluyeron coparticipación a municipios, programas sociales, compras de alimentos y leche, además de subsidios al transporte y a la tarifa social eléctrica.

En paralelo, la Provincia sostuvo la obra pública con financiamiento propio tras la paralización de proyectos nacionales. La inversión avanzó en obras viales, infraestructura penitenciaria, equipamiento hospitalario, compra de tomógrafos y refuerzo del sistema de seguridad con nuevos móviles policiales. El informe también reflejó el impacto presupuestario de la emergencia climática en Bahía Blanca, que elevó el gasto en salud, seguridad, asistencia social e infraestructura.

Un equilibrio bajo tensión
El resultado primario revirtió el superávit de $148.786 millones registrado en el mismo período de 2024 y cerró con un déficit de $520.374 millones en 2025. El resultado financiero final representó el 5,7% de los ingresos totales, explicado por el peso de los intereses de la deuda y el esfuerzo inversor en un escenario de menores transferencias nacionales.

Desde el Ministerio de Economía bonaerense remarcaron que, pese al déficit, la Provincia mantuvo el ahorro corriente y sostuvo indicadores fiscales considerados razonables. La ejecución presupuestaria dejó un cuadro de cuentas con capacidad para generar recursos propios, pero con mayores necesidades de financiamiento para sostener la inversión, el gasto social y los compromisos financieros, en una economía débil y con menor asistencia de la Nación.