El Gobierno nacional abrió una nueva instancia de coordinación con la Corte Suprema tras un encuentro que reunió al ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, con los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti. La reunión marcó el inicio de una estrategia conjunta para ordenar el sistema judicial, afectado por una gran cantidad de cargos sin cubrir.

La cita tuvo lugar en el Palacio de Justicia y giró en torno a una decisión central: el envío de un paquete amplio de pliegos al Senado. Desde la Casa Rosada impulsaron esta medida con el objetivo de ocupar puestos vacantes en juzgados federales de todo el país. En la actualidad, más de 300 cargos permanecen sin titulares, lo que impacta en el ritmo de las causas.

El programa oficial incluye la designación de 200 jueces, 72 fiscales y 65 defensores públicos. La iniciativa apuntó a reforzar tribunales que funcionan con magistrados subrogantes o estructuras incompletas. Según plantearon desde el Ministerio de Justicia, la medida busca reducir los tiempos de respuesta y evitar la parálisis de expedientes en distintas jurisdicciones.

En paralelo, el Ejecutivo definió un esquema de controles más exigente para los aspirantes. Cada candidato deberá acreditar antecedentes penales actualizados y atravesar una revisión detallada de su situación patrimonial y fiscal antes de avanzar en el proceso de designación. El Gobierno intentó así evitar cuestionamientos y fortalecer la transparencia en los nombramientos.

El encuentro se desarrolló en un clima sin tensiones. La reciente incorporación de Santiago Viola al Consejo de la Magistratura como representante del Ejecutivo sumó un elemento de articulación institucional. En ese ámbito se terminarán de definir los mecanismos para acelerar los concursos y evitar demoras en las designaciones.

Desde la Corte evaluaron de forma positiva la disposición oficial para reactivar herramientas como las subrogancias y la designación de conjueces. El objetivo compartido apuntó a disminuir la mora judicial y garantizar el funcionamiento pleno de los tribunales en todo el país.